La investigación por el presunto fraude vinculado a la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos judiciales y políticos que golpean al gobierno de Javier Milei.
La investigación, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, avanza en busca de pruebas sobre el presunto fraude de la criptomoneda $Libra. ¿Qué puede pasar con la comisión investigadora en el Congreso?
La investigación por el presunto fraude vinculado a la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos judiciales y políticos que golpean al gobierno de Javier Milei.
Al cierre de esta semana, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del Presidente y de su hermana Karina Milei, en el marco de la causa que investiga una supuesta estafa con la creación de la mencionada criptomoneda.
La medida también alcanza a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes habrían estado directamente involucrados en el desarrollo del criptoactivo.
En su resolución, a la que tuvo acceso A24.com, Taiano apeló a las normativas vigentes para avanzar en la investigación: "Habré de peticionar que proceda a su levantamiento respecto de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei (...) conforme lo establecido en el artículo 101 de la ley 11.683, el artículo 39 de la ley 21.526 y la disposición 98/09 de la AFIP".
Mientras tanto, la causa, conocida popularmente como el “criptogate”, quedó radicada definitivamente en los tribunales de Comodoro Py tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín. El tribunal resolvió el conflicto de competencia a favor de la jueza María Servini, quien había delegado la investigación en Taiano, destacando que el fuero federal porteño “se encuentra en una posición procesal e investigativa más avanzada”.
En ese sentido se indicó: "Se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró 'central' y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso".
De esta forma, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que había iniciado una investigación paralela en San Isidro, deberá remitir todo lo actuado a su par de Capital Federal.
El avance judicial llega en un momento crítico para el gobierno, que también enfrenta presión política. La Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora especial para analizar el escándalo de $LIBRA. Como respuesta, el oficialismo inició una estrategia para bloquear su funcionamiento mediante la creación de dos interbloques liderados por La Libertad Avanza y el PRO.
Con 39 diputados propios, el oficialismo sumó a la legisladora tucumana Paula Omodeo para llegar a 40 bancas. Por su parte, el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, selló una alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros aliados, alcanzando los 41 representantes.
Ambos sectores buscarán neutralizar desde adentro a la comisión que investiga uno de los escándalos más sensibles que ha enfrentado Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Jugada de final abierto.
