Poder Judicial

Juicio Vialidad: el fiscal Diego Luciani presentará nuevas y reveladoras pruebas contra Cristina Kirchner

Empieza la segunda semana de alegatos. Los fiscales describiran porque creen que desviaban fondos del Estado con obras inventadas. ¿Cuál fue el supuesto rol de cada uno de los imputados?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
El fiscal Diego Luciani aportará nuevas pruebas en la causa vialidad

El fiscal Diego Luciani aportará nuevas pruebas en la causa vialidad

Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola retomaran su acusación con al menos 6 audiencias por delante para seguir fundamentando la hipótesis de que existió una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado a través de las contrataciones de las obras viales en Santa Cruz.

Intentarán demostrar que la empresa Austral Construcciones no tenía capacidad para cumplir sus compromisos “generando un gran daño a las arcas públicas, a la plata de todos los argentinos”.

Además, se enfocarán en describir cómo operaba este supuesto esquema de corrupción a través de la licitación para la remediación de canteras, con el argumento de que eran obras inventadas para justificar desvíos de fondos, y porque estos proyectos resultaron más caros que la repavimentación de las rutas.

Antes de cerrar el alegato deberán explicar cuál fue el rol de cada uno de los acusados en esta causa.

Por lo pronto, dieron por acreditado que entre los años 2003 y 2015 todos los imputados contribuyeron en el direccionamiento de las licitaciones de las obras viales a Lázaro Báez, con el objetivo de saquear los fondos del Estado.

Para lograrlo inventaron una empresa constructora, simularon la competencia, manipularon las normas, y adjudicaron las obras a Báez sin controles.

Para la fiscalía “esto era imposible que sucediera si no fuera porque la orden venía de un alto cargo del Poder Ejecutivo”.

A su vez presentaron los chats del teléfono secuestrado al ex secretario de obras públicas, José López, que según Luciani, son la prueba de que Máximo Kirchner “no ocupaba ningún cargo público, pero tenía intervención y conocimiento sobre lo que se licitaba en la provincia a favor de Báez”.

¿Cuál fue el supuesto rol de cada uno de los imputados?

En este expediente se investigan presuntas irregularidades en 51 obras viales a cargo del Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.

Los 13 procesados son la ex presidenta Cristina Kirchner, el titular de grupo empresario Austral Construcciones, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

En las próximas audiencias, los fiscales Luciani y Mola comenzarán a hacer foco en el rol que ocupó cada uno de los imputados.

Según el repaso de la acusación por la que llegaron a juicio oral, la supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado, tenía como jefes al fallecido Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. En tanto, sus organizadores eran De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti. El resto fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta.

Este esquema habría funcionado entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de “apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

Para el MPF, la ex presidenta "dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba dicho sistema, utilizando la burocracia estatal —que se encontraba a su cargo— a los fines de que a través de sus distintos estamentos los funcionarios que dependían funcional y jerárquicamente de ella, realizaran las conductas necesarias con el objetivo de garantizar el éxito del plan criminal”.

A su vez, tuvo por comprobado que abusó de "distintos mecanismos de financiamiento a su alcance para nutrir de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, y que desde allí fluyeran hacia las empresas de su socio", en referencia a Lázaro Báez.

La imputación expresó que Cristina Kirchner firmó decretos de necesidad y urgencia para modificar el presupuesto general de la Administración Nacional, con el propósito de aumentar los recursos destinados a Vialidad.

A Julio De Vido se le atribuyó que mientras se desempeñó como ministro de Planificación Federal, su participación consistió en adoptar distintas decisiones económicas y administrativas esenciales para el direccionamiento de fondos hacia la provincia de Santa Cruz, a través de la sanción de las leyes y decretos.

Al parecer "echaron mano a los fondos del fideicomiso del gasoil (...) pese a las recomendaciones en contrario de las Direcciones de Asuntos Jurídicos del Ministerio a su cargo y del Ministerio de Economía".

Asimismo, el ex ministro "asignó fondos hacia obras contratadas con empresas del Grupo Austral, y omitió sus funciones de control sobre las reparticiones a su cargo".

José López está incluido por que "instauró, dirigió, y controló desde su posición como secretario de estado, con competencia en materia de obra pública vial, el modo en el que se ejecutaba dicho sistema de corrupción y su efectivo cumplimiento".

En cuanto a Carlos Kirchner, como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal "omitió sistemática y deliberadamente cumplir los deberes a su cargo que le exigían realizar el control del cumplimiento de los proyectos, programas, planificación territorial de la inversión pública; participar y ejercer el contralor en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Constructores y de firmas Consultoras de Obras Pública".

Para la acusación su función fue fundamental para garantizar la capacidad operativa al Grupo Báez, porque no controló el seguimiento y ejecución de las obras viales cuestionadas.

Nelson Periotti llegó al juicio porque, como máxima autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad, designó a los funcionarios que se encargaron de llevar a cabo junto con él la maniobra delictiva.Es referido como quien encauzar los recursos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, delegó sistemáticamente las obras viales a Vialidad provincial, omitió deliberadamente su deber de supervisión y control por sobre el organismo provincial, adjudicó obras a las empresas de Báez, homologó las licitaciones plagadas de irregularidades".

Por su lado, Lázaro Báez se habría constituido como empresario de la construcción, para insertarse en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado. “Creó un conglomerado societario —compuesto por las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Sucesión De Adelmo Biancalani y Gotti— cuya conducción compartió con personas de su confianza a los fines de presentarse a las licitaciones públicas que eran direccionadas por los funcionarios públicos a su favor”.

El Ministerio Público Fiscal describió que "se presentó con varias de sus compañías a una misma licitación, implementó una estrategia para aumentar el costo de las licitaciones, celebró y mantuvo 51 contrataciones perjudiciales para el Estado, utilizó certificados de capacidad agotados para absorber obras viales que no podía realizar y constituyó UTES para acaparar más obra pública, pese a que tampoco contaba con medios para efectuarlas".

Además, "incumplió reiteradamente los plazos de contratación y entrega, culminó únicamente 26 de las 51 obras viales adjudicadas, designó a un mismo representante técnico en múltiples obras, presentó repetidamente las mismas planillas de equipos en reiteradas obras viales, introdujo y obtuvo sucesivas modificaciones de obra respecto del plazo y monto, y se benefició patrimonialmente de las redeterminaciones de precios por el paso del tiempo".

Así también, Báez "fue beneficiario de un canal exclusivo de pago anticipado, cobró más rápido los certificados de pago extendidos por el Estado, solicitó y obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales exigidos, recibió certificados por obra no realizada o que no se adecuaba al plan de trabajos y fue beneficiario de un flujo de dinero multimillonario, que le garantizó ser el único contratista de obra pública en el país al que no se le adeudaba un solo centavo al finalizar el mandato de su socia Cristina Fernández"

El ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, fue incriminado porque omitió sistemática y deliberadamente ejercer el contralor directo y específico de la Dirección Nacional de Vialidad.

Al mismo tiempo, intervino en la elaboración y ejecución de la política nacional en obra vial y tuvo injerencia en el manejo del Registro Nacional de Constructores y de firmas Consultas de Obras Públicas.

Raúl Daruich, que fue Jefe de Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad en Santa Cruz, “convalidó los procesos irregulares llevados adelante en la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, y omitió deliberadamente ejercer la inspección y supervisión de las obras públicas viales financiadas con fondos del tesoro nacional que se le atribuyeron al grupo Báez”.

Dariuch “propició su homologación; suscribió certificaciones mensuales de avance de obras por medio de los cuales se avalaron los retrasos e incrementos de costos; y dio su conformidad en el avance de los expedientes irregulares de ampliación de plazo o modificación de obra”.

Otro jefe de distrito de Vialidad provincial, Mauricio Collareda, “convalidó los procesos irregulares llevados adelante en la Administración General de Vialidad Provincial, y omitió deliberadamente la supervisión de las obras públicas viales que se le atribuyeron a Báez.

En su carácter de ex presidentes de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raul Pavesi y José Santibañez comparten la misma acusación. Los fiscales concluyeron que direccionaron licitaciones en favor de Lázaro Báez, permitieron que concurrieran varias empresas del mismo grupo elevando el precio de la contratación pública, otorgaron obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual, avalaron la certificación de obra que al momento no había sido realizada, adjudicaron obras en infracción a los requisitos vinculados con la maquinaria y el representante técnico, otorgaron adelantos fenomenales, y evitaron sancionar a las empresas del Grupo Austral.

Cuando finalicen las audiencias de alegatos, las defensas de los 13 acusados tendrán 3 jornadas cada una para responder a la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal número 2.

s