El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del fallo en primera instancia de la jueza Preska, emitió un comunicado. La apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York revisará la sentencia contra Argentina.
Burford Capital le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones.
La próxima semana se inicia la definición en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre el juicio que enfrenta al Estado argentino con la expropiación de YPF en 2012, cuando la presidenta era Cristina Kirchner. El tribunal deberá decidir si confirma o anula el fallo de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a abonar alrededor de US$ 16 000 millones por la expropiación.
La causa tiene un actor fundamental: Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio y se posiciona como principal beneficiario, y por primera vez emitió un comunicado público donde resume la evolución del caso y su “recomendación” a Argentina de considerar una negociación.
En su comunicado, Burford advierte que el litigio “conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva”, y subraya que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”.
También señala que “subsisten riesgos sustanciales … nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.
Por último, aclara que en caso de existan negociaciones o conversaciones, “no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”. Esa mención abre una puerta simbólica hacia una posible mesa de diálogo, lo que el Gobierno argentino ha descartado.
