A través de estas acciones la Procuración General de la Ciudad solicitó una cautelar para que se disponga la suspensión de los efectos de la normas impugnadas.
La Corte habilitó su competencia en el caso, llamó a una audiencia de conciliación, y finalmente abrió un período de 45 días hábiles de negociaciones entre las partes que vencieron la semana pasada sin que alcanzaran a convenir una solución.
Desde ese momento, el Alto Tribunal quedó habilitado para resolver el amparo mientras continúan los juicios. Según averiguó A24.com hay tres posibles dictámenes que podrían quedar vigentes hasta que terminen de analizar los motivos principales de la demanda:
- 1) rechazar la cautelar;
- 2) ordenar que se interrumpa la quita de fondos, incluyendo o no el pago retroactivo del monto que dejó de percibir el gobierno de Rodríguez Larreta;
- 3) partir la diferencia y determinar la reposición de una parte del porcentaje descontado.
Las autoridades de CABA advirtieron que perdieron 86 mil millones de pesos por la rebaja en las transferencias para seguridad y que la proyección para el 2022 alcanza los 120 mil millones de pesos.
Por su parte, en Casa Rosada señalaron que el reclamo porteño atenta contra el federalismo y pusieron sobre la mesa un informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que calculó que en 2021 debía recibir 43 mil millones de pesos.
Para reforzar este punto de vista, 17 mandatarios provinciales enviaron una nota a la Corte expresando su preocupación ante el inminente fallo del Máximo Tribunal. Afirmaron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios"
También se quejaron de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea considerada una provincia, y opinaron injusto e injustificado el decreto 194/2016 dictado por el ex presidente Mauricio Macri que elevó el coeficiente al 3,75%.
La nota fue firmada por los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, La Pampa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Tucumán, Salta, y Santa Fe.
La Corte y la grieta política
La Corte Suprema atraviesa una etapa controversial en su relación con el gobierno. Mientras que en el Senado se impulsan varios proyectos para ampliar su cantidad de miembros, el juez Ricardo Lorenzetti se manifestó en contra de estas propuestas y negó que el tribunal funcione con mayorías a favor de un sector y en contra de otros.
En el Tribunal siguen siendo 4 integrantes varones, con un puesto vacante tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco. Por ahora, el Ejecutivo parece no contar con los apoyos necesarios para postular a un/a candidato/a con chances de éxito.
Otra disputa se abrió con la ejecución del fallo de inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura. Con la presidencia del titular de la Corte, Horacio Rosatti, el organismo se muestra activo avanzando con los concursos para cubrir vacantes en los tribunales, aunque todavía no terminó de constituirse por la judicialización de la elección de los representantes del Poder Legislativo.
En los últimos días, la Corte reunió a la Justicia en Rosario para mostrar la unidad en la lucha contra el narcotráfico, y en esa ocasión, Rosatti pidió un Estado cohesionado y advirtió “estamos del lado de la ley, queremos que se note quienes están de este lado y quienes por acción u omisión están del otro lado”.
Con este panorama de fondo, el Máximo Tribunal tiene por delante la resolución de varios casos que se mezclan con la grieta política.
Por un lado, deberá resolver la mencionada cautelar que solicitó el gobierno de la ciudad por la quita de coparticipación.
A su vez, en la causa del Correo Argentino la Corte Suprema deberá definir si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), puede revisar este caso. En tanto no se expida, esta investigación seguirá paralizada por decisión de la Cámara Comercial.
Entre los expedientes que involucran a Cristina Fernández sobresale Dólar Futuro, después de que el fiscal federal Raúl Pleé apeló el sobreseimiento -sin juicio oral- que había dictado la Cámara de Casación.
