La Cámara Federal dejó sin efecto el fallo que había invalidado la desestimación de una denuncia presentada contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí S.A. por presunto lavado de dinero.
La Justicia dejó firme la desestimación de la denuncia por lavado de dinero contra Pablo Marcelo Otero, expresidente de Tabacalera Sarandí, también conocido como “el Señor Tabaco”. Se trata de una denuncia que había sido hecha originalmente por el ARCA y que había sido desestimada por el fiscal a cargo de la causa, Eduardo Taiano.
El dictamen de la fiscalía afirmaba que no existían elementos certeros que permitieran imputar el delito de lavado de activos. Según su análisis, las sospechas señaladas por ARCA no alcanzaban para sostener una hipótesis penal, ya que no se identificaba un delito precedente ni una maniobra concreta orientada a legitimar fondos ilícitos. “No configura un elemento de convicción suficiente para considerar que existe un hecho delictivo”, planteó.
Sin embargo, la jueza de primera instancia, María Servini, había declarado la nulidad del dictamen, pero su decisión fue apelada por el fiscal y revertida por la Cámara Criminal y Correccional Federal. El tribunal consideró que el dictamen fiscal había sido debidamente motivado y no podía ser descalificado solo por discrepar con su contenido.
Tras la decisión de los camaristas, se consolidó el cierre de las tres causas abiertas en contra de Otero desde 2024, todas con amplia repercusión mediática en sus inicios.
Conocida la noticia, Otero celebró la decisión, criticó en entrevista con A24.com las tres denuncias en su contra y denunció una persecución "comercial y política".
“Es ridículo que alguien lave dinero pagando 80% de impuestos. No detallan ningún delito. No tiene sustento ni la base de una denuncia. Dice que hay clientes nuestros que usaron mal el IVA, pero la empresa no tiene capacidad de fiscalizar”, aclaró a la vez que denunció una persecución en contra de su empresa por parte de grandes multinacionales:
“El ARCA recibe órdenes de los medios y de Massalin. Si no no se entiende: ¿por qué nos denuncian? El ataque impositivo es absurdo. Nos envían requerimientos de a 5 o 6 por semana. Necesito 20 personas para responderle al ARCA”, cuenta Otero quien advirtió que a partir de las denuncias, tuvo que correrse de la presidencia de la compañía.
La resolución forma parte de un conjunto de tres denuncias penales impulsadas en los últimos dos años contra Otero por presunto lavado y evasión. Todas las cuales fueron archivadas o culminaron con sobreseimientos firmes.
Un informe jurídico presentado por su defensa destaca la reiteración de estos cierres como confirmación de que no existió responsabilidad penal.
Al respecto, Otero denunció la existencia de una persecución deliberada encabezada por empresas grandes norteamericanas. “Es parte de una guerra comercial que lleva la guerra a las instituciones en lugar de ocuparse del aspecto comercial. Es una práctica normal que tienen por su gran poder de lobby y que pueden torcer la voluntad y comprometer y condicionar a los tomadores de decisiones. Cualquier individuo tiene posibilidad de denunciar, pero en este caso utilizan y falsean el sistema democrático y de forma de gobierno para una guerra comercial”, advirtió.
En la primera de las causas, promovida por el presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), el juez Daniel Rafecas dictó el sobreseimiento de los imputados al determinar que los hechos denunciados no podían haber ocurrido según los elementos reunidos. Entre otros puntos, se comprobó que algunos de los involucrados no se encontraban en Buenos Aires en las fechas señaladas en la denuncia.
La segunda denuncia había sido presentada por los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Marcela Campagnoli y acumulada a la anterior por conexidad. En este expediente, también cerrado por inexistencia de delito, se alegaba una supuesta injerencia de Otero en la AFIP para evitar reclamos impositivos. El juez determinó que no existía una imputación concreta ni elementos que vincularan al empresario con las conductas denunciadas.
La última es la ya mencionada iniciada por el ARCA.
La tercera causa fue iniciada por ARCA y aludía a operaciones comerciales por más de $33.000 millones entre Tabacalera Sarandí y 23 distribuidores considerados de perfil fiscal irregular. La fiscalía entendió que las supuestas irregularidades señaladas no permitían sostener la existencia de lavado de activos, ya que no se precisaba cuál habría sido el delito previo que dio origen al dinero ni se describía una maniobra típica de blanqueo.
“La emisión de facturas electrónicas, incluso a sujetos con perfil fiscal irregular, demuestra una voluntad clara de transparentar la actividad económica desarrollada”, sostuvo el fiscal Taiano en su dictamen. “El propósito real de la empresa no habría sido canalizar activos de procedencia delictiva”, agregó.
La Cámara concluyó que no hubo arbitrariedad en ese análisis, sino una fundamentación basada en los hechos y la prueba disponible. “Los motivos que se esgrimieron para invalidar ese dictamen se encuentran en realidad anclados en un desacuerdo con la posición que se fijó allí”, indicó el fallo.
Con los tres expedientes cerrados de manera definitiva, la defensa de Otero sostuvo que la reiteración de resoluciones favorables en distintas instancias confirma la inexistencia de mérito para formular cargos. Al respecto, el empresario volvió a insistir en el perjuicio personal y profesional que le trajeron las denuncias.
“Solo hacen denuncias por denunciar y explotarlas políticamente. Tuve que salirme de la empresa. El ataque estuvo enfocado a mi persona. Y me gusta dar la cara”, aclaró a A24.com.
“Hubo un organismo oficial que tenía intención de que fuera preso aunque sea una hora. ARCA recibe órdenes de los medios y de Massalin. Si no no se entiende, ¿por qué denuncian?”, sostuvo.
“En lo empresarial, todos los bancos y proveedores tienen un área de compliance: leen las noticias y toman decisiones con eso sin importar si es verdad o no. Mi performance se ve perjudicada por las noticias. Y aunque al tiempo la verdad flota, es tarde. Porque los negocios que se podrían haber encarado, no proceden. Muchas empresas me dieron la espalda”, dijo.
¿Por qué se dio esa persecución a su criterio? Otero insiste en que se trata de una cuestión comercial: “En el fondo sucede porque el poder adquisitivo en Argentina está muy bajo y las segundas marcas están en auge. Lo mismo le va a pasar a los que venden gaseosas baratas o más baratas. Le van a buscar tonterías para ver cómo lo perjudican su imagen y demás”.
Otero no reniega del apodo. Si bien en parte del sector ya se lo conocía de esa manera, el que popularizó el término fue el presidente Javier Milei en medio de la discusión por la Ley Bases. Había advertido que las presiones de Tabacalera Sarandí a los legisladores estaban obturando la aprobación de la norma.
“No me molesta el apodo del Señor Tabaco. Pero le solucionó el contenido a los que escriben en contra de Sarandí o mío”, dijo Otero. “Es un apodo oscuro que no se condice con nuestra realidad. Necesitamos levantar las manos y pedirles a los legisladores que cuiden a las empresas locales. Nunca nos llamaron para ninguna cosa. Es llamativo que legislen y no pregunten a la industria si estaba bien o mal lo que hacen. Te ningunean y no hay otra opción que patalear y levantar la mano en diferentes áreas en el Congreso, pero lo hacemos legítimamente”, aclaró
Más allá de estas causas penales que fueron desestimadas, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional el Tributo Interno Mínimo a los cigarrillos. Según fuentes judiciales, eso sentaría las bases para obligar a que Tabacalera Sarandí deba abonar una deuda que el ARCA estima en 1.400 millones de dólares.
Sin embargo, Otero relativiza la situación dado que todavía hay una causa abierta en el Tribunal: “Demostraremos que eso no corresponde pagarlo porque es un impuesto confiscatorio por el 300% del valor del producto. Y todo el tiempo que no pagamos, estuvimos protegidos por instancias judiciales. Nunca recaudamos dinero público, ni nos quedamos con plata de los contribuyentes, como ha habido otros casos famosos. Lo que hicimos fue vender más barato y pagar el impuesto al valor”, asegura.
