El juez Ariel Lijo pidió informes al Gobierno sobre el traslado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y avanzó con medidas sobre la productora, el piloto y el vuelo privado. La causa analiza posibles dádivas o enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación sobre el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el fin de semana de Carnaval. El magistrado pidió al Gobierno que informe si el funcionario cumplió alguna misión oficial y dispuso levantar el secreto fiscal de los involucrados en la organización del vuelo privado.
La decisión responde a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existió algún delito en el traslado que Adorni realizó junto a su familia entre el 12 y el 17 de febrero.
Entre las medidas, Lijo solicitó información sobre la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandío, quien reconoció haber alojado al funcionario en Uruguay. También pidió levantar el secreto fiscal del piloto Agustín Issin Hansen, señalado como el comprador de un paquete de vuelos privados.
El traslado se realizó en una aeronave de la empresa Alpha Centauri S.A.. Según la documentación bajo análisis, el tramo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, mientras que el paquete que incluye el regreso asciende a 42.250 dólares.
Además, el juez requirió a organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando que remitan toda la documentación vinculada al caso, incluidos registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos del viaje.
En paralelo, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que informe si existe algún expediente, autorización, comisión de servicio o registro de gastos oficiales relacionados con el traslado o la estadía de Adorni. Aunque el funcionario en declaraciones televisivas ya aclaró que se trató de un viaje personal.
La investigación también apunta a determinar posibles incompatibilidades. Lijo pidió informes detallados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal, económica y financiera de Imhouse desde 2023, así como sus vínculos comerciales, especialmente aquellos que puedan involucrar a la TV Pública, a Grandío, a Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
En la misma línea, ordenó al Banco Santander que remita información completa sobre las cuentas y movimientos bancarios de la firma, incluyendo transferencias, pagos y cualquier operación que pudiera estar relacionada con los involucrados.
Asimismo, requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculadas a la productora, Grandío y Issin Hansen.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. En ese expediente se analiza si los hechos podrían encuadrarse en un posible enriquecimiento ilícito o en la recepción de dádivas.
En paralelo, existe otra investigación impulsada por la diputada Marcela Pagano, también por presunto enriquecimiento ilícito, que podría unificarse con esta causa en los tribunales de Comodoro Py. En ese contexto, también surgieron cuestionamientos por la situación patrimonial del funcionario.
La investigación judicial busca establecer si existieron irregularidades en el financiamiento del viaje y si hubo algún tipo de beneficio indebido vinculado a la función pública.
