El juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. La resolución se conoció en medio del reclamo de universidades y gremios por una recomposición salarial del 31,2%.
El juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. (Foto: archivo)
El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vigente sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución establece que, si el Poder Ejecutivo no acata la orden dentro del período fijado, podrán aplicarse multas por cada día de demora.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.
La decisión exige el cumplimiento total de los artículos 5 y 6 de la norma, relacionados con la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y con las becas para estudiantes.
Las universidades y los gremios docentes y no docentes sostienen que los salarios deben recibir una recomposición del 31,2%. En la última negociación, realizada días atrás, el Gobierno ofreció un aumento del 3%.
El conflicto se profundizó tras las fallidas paritarias del 17 de septiembre. En ese contexto, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
La medida de fuerza comenzó el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. El esquema contempla jornadas de paro distribuidas de manera rotativa entre las distintas reparticiones y unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires.
Durante ese período, trabajadores y trabajadoras de la UBA también realizarán actividades de visibilización para sostener el reclamo en cada dependencia y unidad académica.
El planteo central de ADUBA y APUBA es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones cuestionan el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno nacional y sostienen que esa situación se mantiene desde hace casi un año.
Las medidas de fuerza continuarán hasta la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización tendrá como punto central el Palacio de Tribunales y estará acompañada por el reclamo de los gremios para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
