La Cancillería rechazó la prórroga de los permisos para explorar y explotar hidrocarburos y advirtió sobre posibles sanciones a las empresas involucradas. La medida alcanza al proyecto Sea Lion.
La Cancillería se volvió a pronunciar por Malvinas. (Foto: archivo).
La Cancillería argentina presentó este martes una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en las islas Malvinas. El Gobierno, a través del Ministerio que conduce Pablo Quirno, rechazó “enérgicamente” la medida y sostuvo que la exploración y explotación unilateral de hidrocarburos en la plataforma continental argentina es contraria al derecho internacional.
En un comunicado, el Palacio San Martín señaló que las actividades autorizadas por las autoridades de las islas son “abiertamente contrarias al derecho internacional y violatorias de la soberanía nacional” argentina.
La Cancillería también sostuvo que la decisión británica vulnera la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a no introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía permanezca sin resolver.
Según el Gobierno argentino, la medida también contradice la Resolución 2065 (XX) y otras resoluciones posteriores del Comité Especial de Descolonización de la ONU.
La Cancillería remarcó además que cualquier actividad hidrocarburífera que se realice sin autorización argentina “constituye un acto ilícito” de acuerdo con las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y el Decreto N° 868/2026.
En ese sentido, el Gobierno ratificó que no reconoce una jurisdicción distinta de la argentina para habilitar concesiones, participaciones o licencias vinculadas con la explotación de recursos en esa zona.
Quirno también se refirió al reclamo a través de su cuenta de X. El canciller afirmó que la exploración no autorizada “viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU” y aseguró que el Gobierno continuará utilizando “todas las herramientas jurídicas y diplomáticas” contra las empresas y directivos que, según la posición argentina, operen ilegalmente en territorio nacional.
La Cancillería advirtió que quienes participen de manera directa o indirecta en esas actividades “quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a plantear la posibilidad de retomar las negociaciones con el Reino Unido. En ese sentido, manifestó su disposición a “entablar un diálogo constructivo y sustantivo” para avanzar en las conversaciones bilaterales por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. “Por historia y por derecho: las Malvinas son Argentinas”, concluyó la Cancillería.
La protesta argentina se produjo luego de que la administración de las islas prorrogara por cinco años las licencias offshore vigentes, con la posibilidad de extenderlas durante otros dos años si las compañías cumplen con sus respectivos programas de trabajo.
La responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa del archipiélago, Cheryl Roberts, había defendido la decisión al señalar que permite brindar “seguridad a los operadores” para continuar con sus inversiones.
Uno de los principales proyectos petroleros en la zona es Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros del archipiélago y operado por Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
Las dos empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y tienen previsto comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.
La administración de las islas también autorizó a Navitas a ampliar su participación en el bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion. Hasta ahora, la licencia estaba en manos de la canadiense JHI Associates.
Con la nueva autorización, Navitas pasó a controlar el 65% del bloque y a operar el área, mientras que JHI mantiene el 35% restante. La proximidad entre PL001 y Sea Lion es relevante para la compañía israelí, que proyecta conectar ambos bloques mediante tuberías submarinas y utilizar parte de la infraestructura que construye para Sea Lion.
El conflicto por las operaciones petroleras en las islas también tiene un capítulo judicial en Argentina. La semana pasada, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de continuar con las obras vinculadas al proyecto Sea Lion.
La decisión fue adoptada a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
A esta medida se suman las denuncias penales y los procedimientos administrativos impulsados por el Gobierno contra petroleras, accionistas y otras empresas vinculadas con las operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.
El Reino Unido mantiene una posición contraria a la argentina y sostiene que el país no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las compañías que operan en el archipiélago. Londres, además, defiende el derecho de los habitantes de las islas a administrar sus propios recursos naturales.
