juez-ana-maria-figueroa.jpg
Como consecuencia de este conflicto, la Fundación Apolo denunció a los 35 senadores que avalaron el pliego de la ex magistrada por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. No incluye a Cristina Fernández de Kirchner porque se ausentó en el momento de la votación en el recinto. No obstante, la asociación “Bases Asociación Civil" realizó otra denuncia contra la vicepresidenta por forzar el tratamiento del pliego.
En el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los jueces, la consejera Jimena de la Torre reclamó la apertura del concurso para cubrir la vacante de Figueroa. La cuestión podría ser tratada la próxima semana.
El dilema del decreto presidencial
Alberto Fernández firma decreto.jpg
Después de que el Senado prestó su acuerdo al pliego de Ana María Figueroa, la autoridad competente para asignar la judicatura es el presidente de la Nación, tal como lo establece el artículo 99 de la Constitución Nacional. Esa decisión debe formularse a través de un decreto, cuya redacción dependerá de la Secretaría legal y técnica del Poder Ejecutivo.
Según pudo saber A24.com, en Tribunales están conjeturando las posibles situaciones que podría plantear la letra del decreto. Si dijera “prorrógase” el nombramiento, el primer inconveniente que surgiría sería que el lugar de Figueroa en la Sala 1 ya fue ocupado por un subrogante, además la Casación también la reemplazó en la presidencia de la Cámara con una acordada, a través de la cual eligieron al juez Mariano Borinsky.
Si en cambio, el verbo fuera “desígnase”, esa sola palabra implicaría un acto de jura, y en ese caso la nueva pregunta sería quién le tomaría juramento. Pero si el texto fuera “manténgase”, se complicaría más porque la Corte Suprema de la Nación el 6 de septiembre pasado declaró el cese de funciones a partir del 9 de agosto, cuando Figueroa cumplió la edad límite que marca la Constitución Nacional.
Todas las hipótesis parecen conflictivas, y obligarían a los miembros de Casación a dirimir cómo actuar ante las indicaciones del decreto presidencial, por lo que la cuestión podría ir en consulta al Máximo Tribunal, que sólo podría confirmarse a sí mismo ratificando la dimisión.
Por otra parte, Figueroa podría optar por acudir con un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, para solicitar una acción declarativa de certeza de constitucionalidad. La judicialización del asunto podría avanzar también hacia la Corte Suprema a través de un per saltum, que es una herramienta legal para dar una rápida respuesta si el conflicto es de gravedad institucional.
Las fuentes consultadas descartan que la cabeza del Poder Judicial resuelva en contra de sus propias decisiones. De todos modos, argumentan que esta situación no tiene precedentes. Nunca antes se intentó reponer en su cargo a un juez o jueza que haya cumplido el límite de edad de 75 años que establece la Constitución Nacional, sin el acuerdo del Senado, con una resolución de la Corte que declara su cese de funciones, y, con una acordada de sus pares de Casación que nombra sus reemplazos.
Denuncia contra el Senado y reclamo para reemplazar a Figueroa
Senado: el oficialismo buscará hoy convertir en ley el proyecto de Ganancias de Sergio Massa .jpg
La Fundación Apolo denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a los 35 senadores que votaron mantener en el cargo a la Dra. Ana María Figueroa, cuando ya había alcanzado los 75 años sin que el Senado haya dado previamente su acuerdo.
La acusación se basó en el art. 248 del Código Penal que establece penas de un mes a dos años de prisión al funcionario público que dicte resoluciones contrarias a la Constitución Nacional.
En el escrito presentado en los Tribunales de Comodoro Py, los abogados José Magioncalda, Juan Fazio y Juan Manuel Otegui, advirtieron que “con la absurda e inconstitucional decisión adoptada, ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Fernández de Kirchner".
Identificaron como responsables de cometer el presunto delito a: Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tulio, Oscar Parrilli, Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Ana Ianni, Matías Rodríguez, Eugenia Duré, Sergio Leavy, Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, José Uñac, José Mayans, Pablo Yedlin y María Clara Vega.
En esta denuncia, Cristina Fernández de Kirchner no fue incluida porque no participó de la votación. Sin embargo, hay otra presentación previa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al forzar el tratamiento del pliego de Ana María Figueroa.
La imputación la materializó Bases Asociación Civil, una ONG ligada a Patricia Bullrich. Sus dirigentes Pablo Nocetti y Valeria Viola plantearon que la titular del Senado, hizo ”caso omiso a una manda constitucional clara, pero que además ya ha sido interpretada por el Máximo Tribunal de la Nación y esto causó un estrépito que fue conocido por todos, con lo que no se puede invocar que se desconoce tal circunstancia”.
Repercusiones en las causas contra Cristina Fernández
Este lunes y las dos primeras horas del martes vence el plazo para presentar recursos extraordinarios contra la decisión de la Cámara de Casación Penal de reabrir Memorándum con Irán, y, Los Sauces y Hotesur; en ambos expedientes Cristina Kirchner es la principal acusada.
En esos fallos debió haber intervenido la jueza Ana Figueroa, pero cesó en su cargo antes de que se resolviera. Así fue que los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron los sobreseimientos porque entendieron que se vulnera el art. 361 del Código Procesal Penal, que establece que el tribunal puede dictar el sobreseimiento como una vía excepcional, cuando por nuevas pruebas se confirme la inexistencia de delito.
Como respuesta, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fundamentará que la sentencia salió por votación de solo dos jueces. En tanto, los defensores del resto de los acusados irán en el mismo sentido, y además, enfatizarán que durante la fase preparatoria de ambos juicios orales, los resultados de las pericias que se ordenaron como ampliación de prueba permitieron determinar que no había delito.
Otro dato al que tuvo acceso A24.com tiene que ver con la integración de los tribunales orales que atienden las dos causas. Recordemos que la Cámara de Casación ordenó remover a los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los imputados.
Ante esto el TOF 8 (Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini) que tiene a su cargo Memorándum, solicitó que se sortee un nuevo tribunal para llevar a cabo el futuro juicio oral. Indicó que carece de recursos para que personal propio se ocupe de preparar un debate que será llevado adelante por otros magistrados y no por quienes son sus titulares.
En el TOF 5 (Adrián Grünberg, Daniel Obligado y Adriana Paliotti) que se ocupa de Los Sauces y Hotesur, la jueza Paliotti es la única ratificada, mientras que los otros dos magistrados quedaron desvinculados de las causa, motivo por el cual debería sortearse quienes asumirán los reemplazos.
Incluso en forma personal, el juez Obligado pidió apartarse en los dos expedientes, algo que podría caer en abstracto, porque ya lo había separado Casación.
Durante la próxima semana Petrone y Barroetaveña se pronunciarían al respecto, aunque después de la confusión generada por la aprobación del pliego de Figueroa todas las decisiones podrían postergarse por tiempo indeterminado.
