Legisladores de distintos bloques evalúan activar la Comisión Bicameral de Control para analizar el alcance de los cambios y reclamar que el tema se debata en el Parlamento.
La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional activó una fuerte reacción en la oposición, que ya evalúa autoconvocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia para analizar el alcance del DNU firmado por el Gobierno. El cuerpo puede reunirse sin necesidad de una citación formal de las autoridades del Congreso.
La bicameral está habilitada a convocarse por decisión propia, sin intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni de la titular del Senado, Victoria Villarruel. En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, reclamó una convocatoria urgente y cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo.
En redes sociales sostuvo que "si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”. Y reclamó: “Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”
La Comisión Bicameral de Inteligencia estuvo presidida hasta el 9 de diciembre por el entonces senador radical Martín Lousteau, cuyo mandato venció antes de su desembarco en la Cámara de Diputados. El organismo está compuesto por 14 integrantes, siete por cada cámara, aunque actualmente solo 11 legisladores fueron designados.
Por el Senado integran la comisión Beatriz Ávila del bloque Independencia, Eduardo de Pedro y Florencia López de Unión por la Patria, Martín Goerling Lara del PRO y Edith Terenzi de Despierta Chubut.
En Diputados participan Gabriel Bornoroni y César Treffinger de La Libertad Avanza, Mariela Coletta de Provincias Unidas, Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria y Cristian Ritondo del PRO. Aún resta designar un diputado, dos senadores y definir las autoridades.
En paralelo, también deberá intervenir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo el análisis de la validez de los decretos de necesidad y urgencia. Ese cuerpo está presidido por el diputado del MID, Oscar Zago, y puede elevar dictámenes al recinto para su tratamiento. Ambas comisiones son permanentes y pueden reunirse en cualquier momento del año, incluso sin convocatoria a sesiones extraordinarias.
En el Congreso ya anticipan reuniones durante enero para avanzar en un primer análisis del decreto y evaluar la presentación de pedidos de informes a los organismos de inteligencia.
Las críticas se multiplicaron desde distintos espacios. El diputado de Unión por la Patria, Jorge Taiana, advirtió que la reforma "básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial”.
“El Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”, indicó.
En la misma línea, el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez sostuvo que el presidente Javier Milei "está creando un aparato parapolicial". "Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución, que tendrá capacidad para detener personas e investigar a cualquier ciudadano, violando garantías constitucionales y por fuera del sistema judicial vigente”
Desde el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas afirmó que es "un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación" y remarcó "ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.
El Ejecutivo defendió la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado y aseguró que los cambios se ajustan a los "más altos estándares democráticos". El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter "encubierto" por su sensibilidad y para reducir "riesgos estratégicos".
Según el Gobierno, la contrainteligencia queda "definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, lo que permitiría dejar atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.
Además, el decreto elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, al considerar que su existencia generaba superposiciones con el Estado Mayor Conjunto, y plantea un esquema más integrado y eficiente en materia de defensa.
