Los nombres detrás de la Causa Cuadernos y cuatro claves para entender el caso
Constructores, financistas y exministros están procesados por supuestos sobornos y recaudaciones ilegales entre 2003 y 2015. La causa se originó tras la publicación periodística de los escritos del chofer Oscar Centeno, que fueron entregados a la Justicia.
Cristina Kirchner, la principal acusada de la Causa Cuadernos (Foto: archivo).
La mañana de este jueves 6 de noviembre será siempre recordada como el inicio de un acontecimiento que sacude tanto el ámbito político, como judicial y empresario: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo juicio oral, acusada de ser jefa de una asociación ilícita y coautora de cohecho en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. En paralelo, otras 86 personas, entre exfuncionarios, empresarios y el remisero Oscar Centeno, identificado como autor de los cuadernos, serán juzgadas por el mismo caso.
En este marco, surgen tres claves para entender una causa que se inició en 2018, cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, publicó los apuntes que Centeno.
Cómo empezó la causa Cuadernos
Como ya se mencionó, fue el diario La Nación quien el 1 de agosto de 2018 publicó una investigación en la que se exhibía el contenido de ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno. En esos apuntes, Centeno registró los presuntos traslados de bolsos con dinero que, según sus anotaciones, se movían desde empresas contratistas del Estado hacia oficinas públicas o domicilios de funcionarios.
Antes de difundir la información, Cabot entregó los cuadernos a la Justicia. La investigación se originó como una derivación de otra causa vinculada a irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL). El expediente quedó a cargo del entonces juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli.
A partir de esto se generaron los primeros operativos judiciales y detenciones, marcando el inicio de una de las investigaciones de corrupción más relevantes de los últimos años.
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Quiénes llegan a juicio
En la etapa de juicio oral, la causa cuenta con 87 imputados: 22 exfuncionarios públicos y 65 empresarios.
Entre los exintegrantes del gobierno kirchnerista figuran Cristina Fernández de Kirchner y varios de los principales funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante su gestión y la de Néstor Kirchner: Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López y Rafael Llorens, entre otros.
También fueron procesados Claudio Uberti, Germán Nivello, Sandro Férgola, Nelson Periotti, Nelson Lazarte, y José María Olazagasti, además del propio Oscar Centeno y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
En el sector privado aparecen varios de los principales nombres de la construcción argentina: Ángelo Calcaterra (IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gabriel Romero (Hidrovía SA) y Carlos Wagner (Esuco SA y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción).
También están involucrados empresarios cercanos al kirchnerismo, como Cristóbal López y Fabián y Osvaldo De Sousa (Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Rudy Ulloa (Cumehue SA).
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Los delitos bajo investigación
De acuerdo con la acusación, Cristina Fernández de Kirchner habría actuado como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación ilegal de fondos, mientras que De Vido, Baratta, Jaime, Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens fueron señalados como organizadores del esquema.
El resto de los exfuncionarios está imputado como miembros de la asociación, al igual que varios empresarios, entre ellos Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Oscar Thomas (Yacyretá) y Miguel Aznar (Vialco – Decavial).
De cuánto podrían ser las penas
Según el Código Penal, integrar una asociación ilícita conlleva penas de entre 3 y 10 años de prisión, que se elevan a 5 años como mínimo para quienes ocupan roles de liderazgo u organización.
En la mayoría de los casos, los exfuncionarios enfrentan cargos por cohecho pasivo, mientras que los empresarios fueron acusados de cohecho activo, delitos que prevén penas de 1 a 6 años de prisión.
Actualmente, la expresidenta cumple una condena firme de 6 años de prisión por la causa Vialidad, bajo la modalidad de detención domiciliaria.
