La Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó este viernes en el edificio con un oficio judicial. El procedimiento intenta determinar si el jefe de Gabinete recibió dádivas a través de un viaje privado a Uruguay.
Allanamiento en la TV Pública: la Justicia busca contratos clave en la causa por el viaje de Adorni. (Foto: archivo)
La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la TV Pública para secuestrar documentación vinculada a contratos de la productora del periodista Marcelo Grandio, en el marco de la causa que investiga un polémico viaje en avión privado a Uruguay.
El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, quien intenta determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha gira en torno al financiamiento del vuelo a Punta del Este que Adorni compartió con su familia y su entorno cercano.
El escándalo comenzó a partir de un vuelo privado que unió Argentina con Punta del Este. En ese viaje, Manuel Adorni coincidió con Marcelo Grandio, cuya productora tendría contratos con la emisora estatal.
La clave de la investigación está en determinar quién pagó realmente el traslado. Mientras el funcionario aseguró públicamente haber afrontado los gastos, la declaración del piloto contradice esa versión.
Ante la Justicia declaró Agustín Issin, quien operó el vuelo. Su testimonio fue contundente: aseguró que tanto la ida como la vuelta fueron abonadas por Grandio. Según detalló, el viaje fue contratado a través de la empresa Alpha Centauri y facturado a la productora Imhouse S.A. por unos US$3.000, tras aplicar descuentos por plazas vacías, la llamada modalidad “empty leg".
Además, sostuvo que el pago se realizó en efectivo, mediante un tercero y con coordinación por mensajes y audios, los cuales, afirmó, estarían respaldados.
Este punto resulta central para la causa, ya que la Justicia busca determinar si ese pago constituyó un beneficio indebido hacia un funcionario público.
El procedimiento en la TV Pública apunta directamente a los vínculos comerciales entre la productora de Grandio y el Estado. La hipótesis que analiza el fiscal Gerardo Pollicita es que el pago del vuelo podría haber sido una retribución por esos contratos, lo que configuraría un delito.
Por ahora, Grandio no fue citado a declarar, pero no se descarta que pueda ser imputado, dependiendo de cómo avance la investigación.
En este contexto, la causa parece haber dejado en segundo plano la línea del enriquecimiento ilícito para centrarse en posibles dádivas y conflictos de interés.
En medio de la polémica, Adorni buscó despegarse de las acusaciones: “No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”, afirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada el pasado miércoles.
Desde el oficialismo, en tanto, se puso en marcha una estrategia de “control de daños”, con el objetivo de mantener al jefe de Gabinete activo en la agenda pública y reducir el impacto político del caso.
En esa línea, el funcionario continuará con su agenda oficial, incluyendo actividades junto a Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello.
