A toda velocidad el ministro de Justicia salió a buscar acuerdos y financiamiento ¿Cuál es el rol del Consejo de la Magistratura?
Ante la escalada de violencia por el narcotráfico en Rosario, Mariano Cúneo Libarona puso el pie en el acelerador y se reunió con todos los actores del Poder Judicial, quienes hace tiempo reclaman la implementación del Sistema Acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Después de fijar el 6 de mayo como la fecha del cambio de los métodos de investigación y sanción del delito relacionado con la Mafia de la Droga, el ministro de Justicia encabezó el primer encuentro del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. Luego viajó a la provincia de Santa Fe para juntarse con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y con los funcionarios de los juzgados federales de la jurisdicción.
El propósito de los encuentros fue avanzar en los temas pendientes que deben resolver: nombramientos de jueces de garantías, de revisión y de ejecución; capacitación para todo el personal; infraestructura tecnológica; creación de salas de audiencia y una Oficina de Gestión Judicial; entre otras necesidades.
En este sentido, Cúneo Libarona dijo que “el capital humano está”, y aclaró que la reforma “se financiará con fondos propios”, es decir, con dinero que el Ministerio obtendrá achicando gastos, tomando préstamos de organismos locales, y generando ingresos a través del remate de bienes decomisados de causas por lavado de dinero.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó que “jueces, camaristas federales, el Presidente de la Junta Federal de Cámaras Federales, integrantes del Consejo de la Magistratura, todos (estamos) comprometidos para llevar adelante esta iniciativa que estuvo largamente demorada”.
Rosatti indicó que el Consejo de la Magistratura “está empeñado en concretar a la brevedad, la cobertura de la vacante de los jueces, porque en la jurisdicción de Rosario prácticamente la mitad de los cargos de magistrados está vacante”.
Asimismo, el oficialismo defendió el lanzamiento del programa para implementar el Sistema Acusatorio en todo el país, porque “otorga a los fiscales herramientas eficientes para llevar adelante las investigaciones complejas contra la criminalidad organizada, y de esta manera, dotar a la justicia de mayor eficacia, transparencia y rapidez”.
La ampliación territorial de la aplicación del CPPF requiere la cobertura urgente de cargos vacantes en los Tribunales, y además, la capacitación del personal ”con el objetivo de una adecuada comprensión de los diferentes roles y responsabilidades en el proceso penal y un conocimiento profundo de los principios que rigen este tipo de procedimientos”. Estas dos cuestiones están a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Sobre los nombramientos, la Justicia Federal de Rosario señaló que en su jurisdicción necesita cubrir 14 puestos, que se distribuirán en seis tribunales de Garantías, seis de Revisión y dos de Ejecución. En este momento, en el Consejo de la Magistratura están tramitando 7 concursos para cubrir 18 vacantes en toda la provincia de Santa Fe, mientras que se remitieron al Poder Ejecutivo a los candidatos para ocupar dos cargos vacantes. La lista que aparece publicada en el Mapa dinámico de concursos es la siguiente:
En el Consejo de la Magistratura
En el Poder Ejecutivo
En cuanto a la capacitación para el Sistema Acusatorio, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación anunció el dictado de un curso destinado al Poder Judicial de la Nación de la Justicia Federal de Santa Fe, que abordará las formas de audiencias preliminares, de formulación de cargos, medidas cautelares y coerción, de recursos e impugnaciones, de debate y juicio de adversarial. También hace foco en los procedimientos especiales del CPPF, las audiencias de ejecución de sentencias, medios de prueba y técnicas especiales de investigación.
El curso combinará cuatro encuentros virtuales por videoconferencia y una jornada presencial en la Jurisdicción, con un cuerpo docente integrado por jueces, fiscales, defensores públicos o juristas destacados: Mariano Borinsky, Alejandro Castellanos, y Diego G. Barroetaveña, Leonardo Bavio, Nicolas Escandar, Ignacio Mendizábal, Santiago French, Gabriela Catalano, María Noel Costa, Luciano Lauria. Guillermo Elías, Clarisa Galán, Leticia Lorenzo, Fabricio Imparado, Mariano Borinsky, Gustavo Montoya, Mariana Catalano, Marcelo Peluzzi, Jimena Monsalve, Ricardo Vazquez Y Liliana Snopek.
Según detallaron fuentes del Consejo, en los nuevos procedimientos prevalecerá la igualdad entre las partes, la oralidad, la publicidad de los actos, la simplicidad y celeridad, a la vez que pone un límite a los formalismos, habilita nuevas herramientas procesales y de investigación, de ingeniería institucional y los diversos procesos especiales.
Mientras el gobierno y el Poder Judicial apuran la implementación de los nuevos procedimientos que propone la reforma del Código de Procedimiento Penal, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) lanzaron una serie de recomendaciones para que los futuros cambios funcionen en todo el país:
1. El Ministerio de Justicia debe conformar comisiones distritales preparatorias compuestas por representantes locales de todos los organismos involucrados y hacer público un cronograma de implementación para todo el país que le dé previsibilidad al proceso.
2. La Procuración General de la Nación debe implementar inmediatamente la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Esto implica, entre otras cosas: designar fiscales coordinadores de distrito: reorganizar las fiscalías convirtiéndolas en fiscalías de distrito, con áreas de servicios comunes y unidades especializadas en funciones críticas; establecer equipos de investigación.
3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe colaborar con los recursos necesarios para la readecuación edilicia y tecnológica del Poder Judicial.
4. La Cámara de Casación Federal debe poner en marcha las oficinas judiciales de todo el país, empezando por la inmediata designación de un coordinador distrital.
5. El Consejo de la Magistratura debe relevar aquellos integrantes de los juzgados y tribunales que, en el nuevo sistema, deberán cambiar su función.
6. El Poder Ejecutivo Nacional debe articular sus distintas agencias (como la Agencia de Administración de Bienes del Estado) y con Estados provinciales y municipales para identificar los edificios que puedan asignarse a la implementación del nuevo sistema.
7. La Defensoría General de la Nación debe reorganizar las defensorías públicas, de acuerdo con su Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de 2015, para convertirlas en equipos de investigación, negociación y litigio, y no en tramitadoras de expedientes.
