Los primeros sacudones del gobierno de Alberto Fernández llegaron antes y con más potencia de lo que el Presidente esperaba.
Los primeros sacudones del gobierno de Alberto Fernández llegaron antes y con más potencia de lo que el Presidente esperaba.
El conflicto con el campo, las Pymes, los empresarios, la Iglesia y el mercado demoró más de lo esperado el envío al Congreso del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva con el cual Alberto busca “superpoderes” para tomar medidas de emergencia económica, social y sanitaria, y así reactivar la producción y el empleo.
Por orden del Presidente, el Gobierno puso un pie en el freno. El proyecto de ley se iba a presentar el viernes, luego este lunes y finalmente se hará hoy martes en conferencia de prensa a las 10.30 del ministro de Economía, Martín Guzmán. Será la herramienta para aumentar impuestos, regular tarifas y precios, aumentar salarios, jubilaciones y AUH, y agilizar medidas reactivadoras.
Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negaron que fuera a presentarse el viernes y señalaron que “se esperaba para este lunes a la tardecita y se demoró por un tema técnico”, dijeron sin brindar precisiones.
Se comprende: en estas horas hubo remezones inesperados. El anuncio del jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, de crear un impuesto del 30% a las compras en dólares al exterior -con lo cual el “dólar turista” treparía a 82 pesos- hizo escalar el tipo de cambio paralelo y el dólar blue se disparó un 8,6% y pasó de 66,75 a 72,50 pesos en pocas horas.
La brecha con el dólar oficial se amplió a 14,9%. “Es cierto que hay que contener la salida de dólares y sacarle a los que más tienen para darles a los sectores postergados. Pero si el dólar se va de 66 a 80 pesos, eso es inflacionario y perjudica a los pobres”, confió un funcionario.
En el Gobierno se abrieron dudas: algunos propusieron volver para atrás, como hacía el presidente Mauricio Macri, pero ello implicaría un costo político que el mercado no perdonaría. En cambio, avanzar podría significar más devaluación.
Se abrieron en este punto dos visiones diferentes que conviven dentro del gabinete de Alberto Fernández. Los aliados a la vicepresidenta Cristina Kirchner sostienen que para salir de la crisis hay que aplicar políticas de shock y radicalizadas: medidas fuertes y todas juntas. El “gradualismo” de Macri, dicen, está descartado y es el modelo a “no seguir”.
Del otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio Cafiero, con apoyo de Alberto, recomiendan mayor cautela y mesura. Es cierto que los primeros cien días de gobierno son cruciales para encauzar el rumbo de la gestión, pero algunas medidas pueden ser contraproducentes si se anuncian todas juntas.
Por ese motivo, el proyecto quedó trabado en la discusión interna del Gobierno sobre los detalles “técnicos”. La oposición avisó que no lo tratará hasta el jueves. El Presidente lo analizó con todo su equipo económico encabezado por Guzmán, Cafiero, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, Sergio Massa y el jefe del bloque Máximo Kirchner.
Dentro del peronismo histórico también surgieron comentarios acerca de la escasa experiencia de Cafiero, que ofició de vocero para anunciar medidas en diversas declaraciones públicas. “No es lo mismo ser el jefe de la campaña que ser el jefe del Gabinete y tener que responder por el manejo del Estado”, susurran algunos.
También hubo comentarios respecto de algunos experimentados, que les cuesta tomar el pulso del Estado porque hace mucho tiempo que no eran funcionarios. Un caso es el de Gustavo Beliz, secretario de Planificación Estratégica, que renunció en julio de 2004 y desde entonces hasta hoy cambiaron muchas cosas en el Estado. “Manejaba un Windows 2 y ahora tiene que manejar un Windows 10”, dijeron irónicamente por lo bajo.
En medio de ello se coló la pelea de Cristina Kirchner con Hugo Moyano. El jefe del sindicato de Camioneros había conversado con el Presidente para colocar a su hombre de confianza Guillermo López del Punta como viceministro de Transportes, detrás del massista Mario Meoni. Pero la vicepresidenta se opuso.
Finalmente, Meoni nombró anoche a dos hombres del peronismo cordobés cercanos al senador Carlos Caserio, que iba a ser ministro y fue vetado por Cristina. Ellos son el ex legislador provincial Walter Saieg al frente de la Secretaría de Gestión del Transporte y Gabriel Bermúdez, ex secretario de transportes cordobés, como subsecretario de Transporte Automotor.
Las medidas que se anunciaron entre el viernes y el fin de semana le hicieron poner un pie en el freno a Alberto Fernández. El anuncio del aumento por decreto de retenciones al campo, que el propio Presidente y Cafiero negaron que fuera un aumento, puso en estado de alerta y movilización a la Mesa de Enlace, como en un “dejá vu” de la crisis de 2008.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunió ayer en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) luego una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y ratificaron el profundo rechazo y la defensa del campo.
La presentación del decreto de doble indemnización por despido a los 180 días generó convulsión no sólo en los grandes empresarios, sino en las Pymes, el público al que Alberto quiere llegar.
“En lugar de anunciar incentivos a la producción y el empleo, desalientan la contratación de nuevos trabajadores. Las expectativas eran buenas pero esto pone incertidumbre. No era necesaria y quizás sea perjudicial”, dijo a A24.com un dirigente Pyme.
Otro señaló: “El dinero que quieren recaudar de las retenciones e impuestos se lo van a dar a los piqueteros, pero no a nosotros para tener crédito con tasa preferencial para mejorar la producción”.
Por otra parte, la resolución número 1 del ministro de Salud, Ginés González García, que dispuso un nuevo protocolo para el aborto no punible todavía genera ruido en la relación con la Iglesia.
Este miércoles la conducción del Episcopado, que dirige el arzobispo Oscar Ojea, presentará sus saludos ante Alberto Fernández y no se descarta que los obispos pongan el tema sobre la mesa. La Iglesia y los sectores celestes consideran que el protocolo es una legalización de hecho porque amplia las causales de no punibilidad del Código Penal.
En menos de una semana, se abrieron frentes de conflicto con el campo, los empresarios, las Pymes, el mercado y la Iglesia. Esta vez, los conflictos demoraron la gestión.