La Cámara baja sesiona este miércoles con una agenda impulsada por el oficialismo. El proyecto apunta a captar desembolsos de al menos US$1.000 millones en sectores tecnológicos y contempla beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por tres décadas.
Sesión en Diputados: el Gobierno busca aprobar el "Súper RIGI" y un acuerdo con bonistas
Tras una jornada marcada por la tensión política y el fracaso de la oposición para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Cámara de Diputados consiguió quórum y debate este miércoles uno de los proyectos económicos más importantes impulsados por el oficialismo: el denominado Súper RIGI.
"Con la presencia de 129 diputados queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en números reglamentarios", enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Durante la sesión, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Adrián Ravier, designado por el Gobierno como nuevo vocero presidencial, y le tomó juramento a Matías Matzkin, quien asumió en su reemplazo.
Sobre el Súper RIGI, la iniciativa busca crear un nuevo régimen de promoción para atraer inversiones de gran escala en industrias tecnológicas y actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.
La sesión inició pasadas las 12 del mediodía e incluye el tratamiento de acuerdos internacionales y un plan para cerrar litigios vinculados a la deuda en default de 2001.
El proyecto llega al recinto luego de obtener un amplio respaldo en comisión, donde reunió firmas de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal.
Luego de que la diputada de Unión por la Patria, Andrea Freitas, pidiera incorporar al temario un proyecto para abordar el endeudamiento de las familias, se votó la propuesta en el recinto, que fue rechazada con 110 votos positivos y 121 votos negativos, sin abstenciones.
Se requería que tres cuartos de los votos fueran positivos para aprobar el apartamiento de Freitas. "Queda rechazada la moción", dijo Martín Menem, presidente de la Cámara, tras la votación nominal.
A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases, el nuevo esquema eleva considerablemente la vara de ingreso. Mientras que el RIGI vigente exige inversiones mínimas de US$200 millones, el Súper RIGI establece un piso de US$1.000 millones para acceder a los beneficios.
Además, contempla estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años para los proyectos que resulten aprobados, una de las principales herramientas que el Gobierno considera clave para captar capitales extranjeros.
El régimen estará orientado exclusivamente a nuevas industrias y proyectos de innovación tecnológica. Por esa razón, quedan excluidos emprendimientos vinculados a recursos naturales, obras de infraestructura y ampliaciones de negocios ya existentes.
Entre los incentivos previstos se destaca una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un esquema de amortización acelerada que permitirá descontar gran parte de las inversiones realizadas durante los primeros años.
También se habilita la utilización de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, se fija una contribución patronal reducida del 10% y se eliminan los límites temporales para deducir quebrantos.
En paralelo, el proyecto prevé beneficios vinculados al comercio exterior. Las empresas adheridas quedarían exentas del pago de derechos de importación y exportación, además de acceder a una liberación progresiva de las divisas obtenidas por ventas al exterior.
Según el texto, luego de tres años de permanencia en el régimen, las compañías podrán disponer libremente del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Además del debate por el Súper RIGI, el oficialismo busca avanzar con la aprobación definitiva de un proyecto destinado a resolver reclamos judiciales pendientes de acreedores que mantienen títulos impagos desde la crisis de 2001.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y ratifica acuerdos alcanzados entre el Estado argentino y los grupos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
La agenda también incluye el tratamiento de varios convenios internacionales, entre ellos un acuerdo con Francia para evitar la doble imposición fiscal, otro con Italia para combatir la pesca ilegal y tratados de seguridad social firmados con Suiza y la República de San Marino.
De esta manera, el oficialismo intentará aprovechar la mayoría circunstancial que logró construir en comisiones para darle impulso a uno de los proyectos económicos que considera centrales dentro de su estrategia de atracción de inversiones para los próximos años.