Desde el Gobierno, la explicación se enmarca en su plan de ajuste fiscal y en el objetivo de sostener el déficit cero, una de las banderas de la gestión libertaria. “Aumentar el gasto sin un respaldo genuino obligaría al Estado a financiarse con emisión, lo que genera inflación y termina afectando a los sectores más vulnerables”, indicaron fuentes oficiales.
El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:
- Impacto Fiscal Directo: el Gobierno estimó un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
- Desfinanciación de otros programas: aduce que este gasto debería financiarse con "reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias", lo que "inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias".
- Comparaciones alarmantes: para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".
- "Aumento desmedido e irresponsable": el decreto sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino", tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad", "profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".
"Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal", concluyen los fundamentos.
Tensión con gobernadores y estrategia política
Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:
Primero, organizó una mesa de diálogo a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los gobernadores aliados.
Segundo, La Libertad Avanza designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal para las provincias.
Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos "en serio" y "negociación", se sienten "fuertes" con su alianza de Provincias Unidas.
La posibilidad de que Milei vete también la ley de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. }
El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera "ruidos internos" en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando", reafirmó Milei en X.
Reacciones políticas y sindicales
El doble veto presidencial provocó una ola de críticas en el arco político y sindical. Desde el peronismo y sectores de la oposición, cuestionaron duramente la decisión de frenar dos leyes que contaban con amplio consenso. El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la medida como un “ataque despiadado” y llamó a defender tanto la universidad pública como la salud pediátrica.
Los gremios universitarios ratificaron que llevarán adelante un paro nacional y anunciaron que realizarán cortes de calle y una movilización al Congreso el día que se trate el veto. “No vamos a permitir que destruyan la universidad pública”, advirtió la CONADU Histórica.
Desde asociaciones de profesionales de la salud también hubo pronunciamientos. “Los hospitales pediátricos no pueden esperar a un debate de Presupuesto que podría demorar meses. Necesitamos respuestas inmediatas para atender la demanda”, señalaron desde el Hospital Garrahan en un comunicado.
Con el veto ya formalizado, la Ley de Emergencia Pediátrica volverá al Congreso, donde los legisladores podrán insistir con su aprobación si logran reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. La oposición ya trabaja para intentar repetir el escenario de la ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto presidencial fue rechazado por el Congreso semanas atrás.
En tanto, Milei se prepara para presentar el Presupuesto 2026 en cadena nacional el próximo lunes a las 21, donde buscará exponer su plan económico para el año próximo y defender el ajuste fiscal frente a los cuestionamientos de la oposición y de la sociedad.