El Procurador General del Tesoro y dirigente ultrakirchnerista, Carlos Zannini, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA), son quienes cumplirán la orden del presidente Alberto Fernández de presentar una "denuncia criminal" contra el anterior gobierno de Mauricio Macri por los presuntos delitos de "fuga de capitales" y "malversación de fondos públicos", relacionados al uso que se dio al préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI en 2018.
Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, en línea con un comunicado difundido esta tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en el que anunció que instruyó a que se presente una denuncia criminal contra el anterior gobierno de Cambiemos.
En un comunicado oficial difundido esta tarde, el BCRA pidió que "se investigue el perjuicio al Estado en la firma de los acuerdos con el FMI".
La autoridad monetaria indicó que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado.
El BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”, señala el comunicado al que tuvo acceso A24.com.
Según pudo saber este medio, las investigaciones recaerían entre otros ex funcionarios macristas, en el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y en el ex presidente del BCRA, Luis Caputo.
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019".
Esos expedientes -señala el BCRA en el comunicado- fueron remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación.
En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
En el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico.
Según el BCRA, "la legislación vigente, el PEN no tendría facultades para la firma del acuerdo".
La documentación aportada incluye el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019” que elaboró el BCRA en marzo de 2020 a pedido del presidente Alberto Fernández.
El informe concluye que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones…”
"La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante", señala el actual directorio del BCRA.
Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018.
