En medio de un contexto económico complejo y con miles de adultos mayores dependiendo de la cobertura médica estatal, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzó una advertencia urgente. En las últimas semanas, el organismo detectó una modalidad de estafa que se repite en distintos puntos del país y que afecta directamente a jubilados y pensionados durante consultas médicas.
En medio de un contexto económico complejo y con miles de adultos mayores dependiendo de la cobertura médica estatal, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzó una advertencia urgente. En las últimas semanas, el organismo detectó una modalidad de estafa que se repite en distintos puntos del país y que afecta directamente a jubilados y pensionados durante consultas médicas.
Según informaron desde la institución, la maniobra consiste en cobrar dinero adicional por servicios que ya están cubiertos por la obra social, una práctica ilegal que se ha vuelto cada vez más frecuente en consultorios privados y centros de diagnóstico.
Las autoridades alertan que miles de afiliados podrían haber pagado sumas indebidas sin saber que estaban siendo víctimas de una irregularidad. Frente a esta situación, el organismo pidió a los beneficiarios no aceptar cobros extras y denunciar cualquier caso sospechoso.
La estafa detectada por el organismo tiene un funcionamiento sencillo pero efectivo. Al momento de asistir a una consulta médica o realizar un estudio, algunos profesionales o centros de salud exigen el pago de un monto adicional en efectivo, generalmente bajo el argumento de un supuesto “plus” o copago.
En muchos casos, el pedido de dinero se presenta como algo normal. Los afiliados suelen escuchar explicaciones como:
“El PAMI paga muy tarde”.
“Los honorarios están desactualizados”.
“El sistema no cubre todo el valor de la consulta”.
Sin embargo, según la normativa vigente, estos argumentos no justifican ningún cobro adicional al afiliado.
Desde el organismo fueron categóricos: los profesionales que forman parte de la cartilla oficial no pueden exigir pagos extras por servicios incluidos en la cobertura.
Este tipo de maniobras se aprovecha de una realidad preocupante: muchos jubilados desconocen sus derechos dentro del sistema de salud o temen quedarse sin atención médica si se niegan a pagar.
Especialistas en seguridad social señalan que los adultos mayores suelen ser uno de los sectores más expuestos a este tipo de abusos.
Existen varios factores que explican esta situación:
Dependencia del sistema médico: muchos jubilados necesitan controles frecuentes.
Desconocimiento de las normas: no siempre tienen claro qué servicios están cubiertos.
Temor a perder la atención médica: algunos aceptan pagar para evitar conflictos con el profesional.
Esta combinación genera un terreno ideal para que aparezcan prácticas indebidas.
Además, en numerosas ocasiones los cobros se realizan en efectivo y sin ningún tipo de comprobante, lo que dificulta posteriormente la posibilidad de reclamar o denunciar la situación.
Ante la multiplicación de denuncias, el organismo decidió lanzar una campaña informativa para recordar a los afiliados que no deben pagar dinero extra por prestaciones incluidas en la cobertura.
Desde la institución remarcaron un punto clave:
Ningún jubilado o pensionado debe abonar montos adicionales por consultas médicas, estudios o recetas que estén contemplados en la cartilla oficial del sistema.
Si un profesional exige un pago adicional, se trata de una práctica irregular que debe ser reportada.
Las autoridades también recordaron que los prestadores que incurran en estas prácticas pueden recibir sanciones administrativas e incluso ser excluidos del sistema.
Una de las principales recomendaciones del organismo es no naturalizar estos pedidos de dinero.
Si un afiliado recibe una solicitud de pago adicional, se aconseja seguir algunos pasos para protegerse y poder realizar una denuncia posterior.
Entre las recomendaciones principales se destacan:
1. Pedir siempre un comprobante
Si la situación obliga a pagar para recibir atención urgente, es fundamental solicitar una factura o recibo donde se detalle el concepto del cobro.
Este documento puede convertirse en una prueba clave al momento de realizar una denuncia.
2. Registrar los datos del profesional
También es importante anotar el nombre del médico, el centro de salud y la fecha de la atención.
Cuanta más información se tenga, más fácil será investigar el caso.
3. Reportar el hecho
Las autoridades piden a los afiliados informar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales del organismo, para que el caso pueda ser analizado y se tomen medidas.
Uno de los puntos centrales de la advertencia es recordar qué prestaciones médicas no deben tener ningún tipo de costo adicional.
De acuerdo con las normas del sistema, los afiliados no deben pagar dinero extra por los siguientes servicios cuando están autorizados o incluidos en la cartilla:
Consultas médicas
Las consultas con médicos de cabecera y especialistas no deben tener ningún cargo adicional para el afiliado.
Esto incluye controles generales, revisiones periódicas y derivaciones a otros profesionales.
Estudios de diagnóstico
También están cubiertos diversos estudios médicos fundamentales, entre ellos:
Radiografías
Ecografías
Resonancias magnéticas
Análisis de laboratorio
Siempre que estén autorizados por el sistema, no pueden implicar pagos extras para el paciente.
Emisión de recetas y órdenes médicas
Otro punto clave es que la elaboración de recetas médicas y órdenes para estudios también forma parte de las prestaciones cubiertas.
Esto significa que el médico no puede cobrar por emitir una receta o completar una orden médica.
Medicamentos e insumos cubiertos
En determinados programas de cobertura total, los afiliados pueden acceder a medicamentos sin costo adicional.
Estos beneficios están diseñados para garantizar el acceso a tratamientos esenciales para los adultos mayores.
Expertos en salud pública explican que el llamado “plus médico” es una práctica que aparece en distintos sistemas de salud cuando los prestadores consideran que los honorarios son bajos.
Sin embargo, cuando se trata de servicios incluidos en convenios con organismos públicos, cobrar dinero adicional al paciente es ilegal.
En estos casos, el prestador ya recibe un pago por parte del sistema, por lo que no puede exigir un monto extra.
Las autoridades reconocen que las demoras administrativas o los desacuerdos en los aranceles pueden generar tensiones con algunos profesionales, pero remarcan que esas discusiones deben resolverse dentro del sistema y nunca trasladarse al afiliado.
Aunque en algunos casos los montos solicitados pueden parecer pequeños, el impacto acumulado puede ser significativo para quienes dependen de un ingreso fijo.
Por ejemplo, un jubilado que paga un “plus” en cada consulta o estudio puede terminar gastando miles de pesos al mes en servicios que deberían ser gratuitos.
Esto resulta especialmente grave en un contexto donde muchos adultos mayores destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos, tratamientos y controles médicos.
Por esa razón, las autoridades consideran que combatir estas prácticas es fundamental para proteger el acceso a la salud de los jubilados.
Desde el organismo insisten en que la denuncia de los afiliados es clave para detectar estas irregularidades.
Cada reporte permite:
Identificar prestadores que incumplen las normas
Investigar centros de salud donde se repiten los cobros indebidos
Aplicar sanciones a los responsables
Además, las denuncias ayudan a prevenir que otros jubilados sean víctimas del mismo engaño.
Las autoridades remarcan que nadie puede negarse a brindar atención médica por negarse a pagar un plus ilegal.
El crecimiento de estas maniobras demuestra que la información es una herramienta fundamental para evitar abusos.
Cuando los afiliados conocen sus derechos, es mucho más difícil que puedan ser engañados o presionados para pagar montos indebidos.
Por eso, la institución insiste en difundir las normas del sistema y recordar que la atención médica incluida en la cartilla no debe implicar costos adicionales.
La recomendación final es clara: ante cualquier duda o pedido de dinero irregular, los jubilados deben consultar con el organismo y reportar la situación.
Solo así será posible frenar una práctica que, silenciosamente, afecta a miles de adultos mayores en todo el país.
