La decisión del Ejecutivo nacional de vetar el aumento aprobado por ambas cámaras del Congreso encendió las críticas de gobernadores y legisladores opositores.
En medio de un clima político y económico marcado por la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, Córdoba volvió a marcar un camino propio en materia previsional. Mientras la administración central decidió vetar el aumento a jubilados y pensionados aprobado por el Congreso, la provincia mediterránea anunció un incremento histórico del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, acompañado de un bono bimestral adicional para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
La decisión del Ejecutivo nacional de vetar el aumento aprobado por ambas cámaras del Congreso encendió las críticas de gobernadores y legisladores opositores. Sin embargo, Córdoba optó por tomar el control de su propio destino previsional y destinar recursos para recomponer los haberes de los beneficiarios más afectados.
El gobernador explicó que este incremento extraordinario fue posible gracias a que la provincia comenzó a recibir de manera parcial los fondos que reclama al Gobierno nacional en concepto de deuda previsional. Estos giros, que alcanzan los 5.000 millones de pesos mensuales, constituyen una parte del reclamo histórico de Córdoba contra la Nación, una discusión que se arrastra desde hace años y que generó más de un enfrentamiento judicial y político.
“Este aumento no es un gesto aislado: es una política de justicia con nuestros jubilados. Estamos reparando años de atraso y desigualdad en los ingresos de quienes trabajaron toda una vida”, afirmó Llaryora en su anuncio oficial.
Con esta decisión, la jubilación mínima provincial pasó de $380.000 a $700.000 mensuales, una suba que no solo sorprende por su magnitud, sino que también consolida a Córdoba como una de las provincias con mejores haberes del sistema previsional argentino.
El beneficio alcanzará a aproximadamente 18.000 jubilados cordobeses, lo que equivale al 15% del total de prestaciones de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La medida se dirige específicamente a quienes perciben el haber mínimo, un sector que, hasta ahora, veía cómo sus ingresos quedaban rezagados frente a la inflación y el costo de vida.
Además del aumento, el gobernador anunció un bono bimestral de $100.000, que se pagará a todos los jubilados que perciban haberes de hasta $1.300.000 mensuales. Este refuerzo, no contributivo y de carácter complementario, busca mitigar el impacto de la escalada inflacionaria en los sectores más frágiles de la población jubilada.
El primer pago del bono ya fue acreditado junto con los haberes de agosto, y se repetirá en octubre, garantizando así un alivio directo y concreto en los bolsillos de los adultos mayores cordobeses.
El contraste con los números nacionales no pasó desapercibido. Mientras en Córdoba la mínima trepa a los $700.000, en el ámbito nacional, tras la última actualización, la jubilación mínima apenas alcanza los $320.277,17, a lo que se suma un bono de $70.000, elevando el ingreso final a $390.277,17.
El Gobierno nacional informó que, a partir de septiembre de 2025, los haberes previsionales tendrían un ajuste del 1,9%, resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la inflación de julio. Esto llevó a que los valores quedaran de la siguiente manera:
Jubilación mínima nacional: $320.277,17 + $70.000 (bono) = $390.277,17
Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + $70.000 (bono) = $326.221,74
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + $70.000 (bono) = $294.194,02
PNC por madres de 7 hijos o más: $320.277,17 + $70.000 (bono) = $390.277,17
Jubilación máxima nacional: $2.155.162,17
Comparados con las cifras cordobesas, los haberes nacionales evidencian una profunda desigualdad entre jurisdicciones. Mientras los jubilados de Córdoba con el haber mínimo pasarán a cobrar $700.000, un beneficiario de ANSES en la misma condición no superará los $400.000.
La medida tuvo una amplia repercusión mediática y política. Organizaciones de jubilados y sindicatos celebraron la decisión del gobierno cordobés, destacando que se trata de una “recomposición inédita” en un contexto económico adverso.
En tanto, sectores vinculados al oficialismo nacional cuestionaron la decisión, señalando que el anuncio tiene un fuerte componente político y que responde más a una estrategia de confrontación con la Casa Rosada que a un verdadero plan de sustentabilidad previsional.
Por su parte, expertos en derecho previsional subrayan que este tipo de incrementos focalizados en el haber mínimo pueden tener un efecto redistributivo positivo, ya que favorecen a quienes más lo necesitan sin comprometer en exceso las cuentas del sistema.
De cara al futuro, resta observar si otras provincias intentarán replicar la iniciativa cordobesa, o si quedará como un caso aislado dentro del mapa previsional argentino. Lo cierto es que el anuncio de Llaryora ya marca un antes y un después en la discusión sobre cómo deben actualizarse los ingresos de los jubilados en tiempos de crisis.
El conflicto entre la Nación y Córdoba por la deuda previsional continúa abierto. La provincia reclama la totalidad de los fondos adeudados, mientras que el Gobierno nacional solo habilitó un pago parcial de $5.000 millones mensuales.
En este contexto, la decisión de otorgar un aumento del 84,21% en los haberes mínimos y sumar un bono de $100.000 no solo representa una medida económica, sino también una estrategia política de presión para acelerar las negociaciones con la Casa Rosada.
