Históricamente, la señal pública siempre transmitió los partidos de la selección de fútbol y muchos rumores indicaban que 2026 iba a ser la excepción. Qué pasará con el mundial y qué dijo el Gobierno nacional.
Confirmación oficial: qué pasará con la transmisión del Mundial 2026 por la TV Pública
En medio de versiones que circulaban en redes y medios digitales, Manuel Adorni, vocero presidencial, salió a aclarar que la TV Pública sí transmitirá el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El funcionario calificó los rumores como fake news y un intento de desprestigiar al Gobierno, y prometió que se están realizando todas las gestiones para garantizar la cobertura completa del torneo.
“Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, aseguró el funcionario.
“De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible. Incluso los datos que se dieron de otros mundiales también fueron falsos y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno”, agregó.
El vocero resaltó que este tipo de información falsa no es nueva, y que los rumores sobre eventos deportivos internacionales ya se habían difundido en otras ocasiones con la intención de desinformar y generar confusión entre los televidentes.
El alejamiento de la TV Pública de la transmisión de la Selección ya se reflejó en los últimos años: durante 2024 y parte de 2025, los partidos oficiales fueron emitidos por Telefe, que tuvo los derechos para transmitir la Copa América, las eliminatorias para el Mundial 2026 y distintos amistosos.
Actualmente, los funcionarios mantienen reuniones para definir qué ocurrirá con los derechos mundialistas. La decisión final dependerá de la evaluación sobre los costos que deberá afrontar el Estado para acceder a ellos.
La FIFA otorga los derechos de transmisión a través de un sistema de licitación, que puede concretarse mediante ventas directas o con intermediarios según la región. Existen distintas categorías de acceso, entre las que el Gobierno podrá elegir si adquiere o no:
