Un grupo de diez argentinos deportados de Estados Unidos arribó a la Argentina en la madrugada de este jueves, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con la emoción de reencontrarse con sus familias.
El avión operado por la empresa Omni Air International aterrizó en Buenos Aires tras realizar una primera escala en Colombia y otra en Brasil.
Un grupo de diez argentinos deportados de Estados Unidos arribó a la Argentina en la madrugada de este jueves, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con la emoción de reencontrarse con sus familias.
Los ciudadanos fueron trasladados en un vuelo especial de la compañía Omni Air International, contratada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para repatriar a extranjeros que, según las autoridades, violaron las leyes de inmigración. La aeronave, un Boeing 767-300, hizo escala en Bogotá, Colombia, y en Belo Horizonte, Brasil, antes de aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 3:19 de la madrugada.
Allí fueron recibidos por familiares que los esperaban ansiosos. El reencuentro se vivió con abrazos, lágrimas y gritos de alivio. Muchos de los deportados aprovecharon para dar testimonio y cuestionar la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
El primero en hablar fue Maximiliano García, de 49 años, quien contó que fue detenido de manera sorpresiva cuando realizaba un trámite familiar en una oficina de inmigración en Orlando.
“Mi hija tiene 21 años y luego de concluir el trámite me dijeron ‘pase por el costadito para unas preguntas adicionales’. Y ahí me llevaron”, relató con visible enojo. Según explicó, fue detenido por una supuesta orden de deportación de 2015 de la que nunca había sido notificado, a pesar de vivir en Estados Unidos desde 2001, con su permiso de trabajo vigente.
“Es extraño estar detenido en una situación tan inusual, porque esta gestión de Trump es una página negra dentro de la historia gloriosa de Estados Unidos”, se quejó García. “A los ojos de ellos nosotros somos criminales, pero no lo somos”, insistió.
García permaneció detenido desde el 21 de agosto en un centro de Miami. “Yo no tenía miedo, pero están partiendo familias a la mitad”, expresó. Contó que durante dos décadas se dedicó a la industria gastronómica y que recientemente estaba reconvirtiéndose para trabajar como camionero profesional.
“No sé cómo ser adulto en Argentina porque me fui a los 22 o 23 años. Vamos a esperar unos meses, a planificar y a recalcular”, agregó, al tiempo que comparó la política migratoria actual con la de la administración demócrata.
“Con Biden no pasaba: el hecho de tener un ciudadano adulto norteamericano iba por sobre la situación irregular que la persona pudiera haber tenido en el pasado. Hubo ensañamiento, pero estoy tranquilo porque nuestros dos hijos ciudadanos van a votar en contra de este gobierno”, remarcó.
Otro de los deportados, Mario Robles, de 25 años, también se expresó frente a la prensa. Con marcado acento mexicano –ya que vivió allí desde los 18 años–, contó que fue arrestado cuando se dirigía a San Antonio, Texas, aunque no precisó los motivos.
“No somos criminales, no matamos ni violamos. Ahora lo que quiero es estar con mi familia”, enfatizó. Según dijo, fue notificado de que no podrá regresar a Estados Unidos durante cinco años. “Está complicado estar lejos de la familia, estar rodeado de gente buena. Ahora lo que quiero es estar con mi familia”, concluyó, visiblemente emocionado.
El vuelo de deportación de este jueves no fue exclusivo para argentinos: primero dejó un grupo de deportados en Colombia y luego a ciudadanos brasileños en Belo Horizonte.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional explicaron que estos vuelos se enmarcan en el programa de repatriación de extranjeros “que ingresaron de manera ilegal, que no estaban autorizados a permanecer en el país, que fueron condenados por distintos delitos o que representan una amenaza para la seguridad nacional”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos vienen cuestionando el endurecimiento de la política migratoria de la gestión Trump, señalando que afecta incluso a personas con residencia legal o con familias establecidas en el país.