Protesta, tensión y enfrentamientos
La manifestación frente al municipio se tensó rápidamente. Según fuentes oficiales, algunos manifestantes habrían agredido y amenazado a personal de la GUM y a policías. Cinco agentes municipales, el director de Seguridad del municipio y el jefe de la comisaría local resultaron heridos.
La Policía detuvo a siete personas y secuestró dos motos —una Gilera Smash 110 cc negra y una Zanella ZB 110 cc gris— ambas sin dominio visible. La Unidad Fiscal Criminal de la II Nominación, a cargo del doctor López Pondal, ordenó que los detenidos quedaran demorados mientras se realizaban las planillas prontuariales y que las motos quedaran bajo depósito judicial.
Desde la Policía provincial, emitieron un comunicado: “Comprendemos los reclamos y protestas que se puedan realizar, siempre que sean pacíficas. No permitiremos desmanes, interrupciones del tránsito o situaciones que alteren la paz de Yerba Buena”.
En cambio, Lucas, vocero improvisado de los repartidores, negó las acusaciones de agresión hacia la GUM y señaló que “la gran mayoría de los detenidos fueron golpeados”. Además, cuestionó la prohibición de registrar en video los operativos: “No poder grabar un procedimiento es grave y estamos en democracia. Queremos profesionalismo como funcionarios públicos”.
“Se armó una batalla campal”
Otro repartidor, Agustín, relató a La Gaceta Play que el conflicto escaló tras una agresión directa de un agente a uno de los cadetes: “Han empezado a haber agresiones verbales, hasta que uno de la Guardia Urbana le ha pegado a un cadete y se armó una batalla campal”.
El trabajador también señaló que las reuniones previas con autoridades municipales y policiales nunca dieron soluciones a sus reclamos por mejores condiciones laborales y de tránsito: “Esto se fue moviendo con el tiempo, evolucionando, y termina explotando”.
Un conflicto que refleja problemas más profundos
Más allá del episodio puntual, la protesta de repartidores en Yerba Buena puso sobre la mesa tensiones recurrentes entre trabajadores de plataformas y autoridades municipales. Entre las quejas más frecuentes figuran controles de tránsito percibidos como arbitrarios, falta de diálogo institucional y ausencia de mejoras en las condiciones de seguridad vial.
Mientras la Justicia avanza con las declaraciones testimoniales y peritajes médico-legales, el clima sigue siendo de desconfianza mutua. Para los repartidores, el operativo del miércoles fue la chispa que encendió un conflicto latente. Para las autoridades, la protesta del jueves cruzó los límites de lo permitido.