Del lado del Gobierno estuvo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta.
La reunión había sido solicitada por los representantes del sector agropecuario la semana pasada, luego de conocerse las últimas medidas dispuestas por dicha entidad. Específicamente, la Comunicación 7030, que generó incertidumbre entre productores y empresarios, por que afecta el sistema de precios de los insumos.
Según los dirigentes del agro, la medida "ha frenado el mercado de los fertilizantes y agroquímicos, en plena siembra de trigo y de cebada. Al momento, la realidad es que los productores siguen viéndose afectados por las consecuencias de esta medida, en especial los de menor escala, que no tienen reservas y no pueden acceder a los insumos para producir", expresaron.
Además, también se quejaron ante Pesce del impacto negativo de las comunicaciones "7018" y "7029", que restringen el acceso al financiamiento a los productores, privándolos del acceso a los créditos al 24%. "Los productores mantienen sus granos no para especular sino como un mecanismo absolutamente legítimo para mantener el valor de la cosecha e ir financiando su actividad ante la falta de otros instrumentos de crédito a tasas razonables".
En este sentido, el BCRA adelantó que es inminente el lanzamiento de un plazo fijo atado a la evolución del dólar que ofrecerá a los productores agropecuarios que liquiden la cosecha. "El instrumento, Depósitos de Interés Variable (DIVA), permitirá garantizar el valor en divisas de la venta de la producción", destacó el BCRA.
Por último, los ruralistas criticaron la "creciente presión" por parte de los exportadores para pesificar contratos. "Todo este escenario genera una baja en el capital de los productores, respecto de las futuras deudas que tendrán que afrontar para pagar sus insumos. Y que por ello, la probabilidad de que los productores terminen desfinanciados y descapitalizados aumenta considerablemente, restringiendo el acceso al paquete tecnológico y provocando un deterioro de la potencialidad de la cosecha para la próxima campaña agrícola".
La dirigencia agropecuaria calculó que si no se revisa la normativa respecto a la importación de insumos estratégicos, el efecto será un achicamiento en la inversión en tecnología, que podría generar una pérdida de u$s 2000 millones, respecto de la última campaña.