La fiscalización de este tipo de operaciones fue subrayada ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, al delinear los lineamientos económicos de su nueva gestión.
En ese sentido, Massa remarcó que “se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación”, y que se pondrá en marcha “un sistema de trazabilidad del comercio exterior” para tener "mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas, desde la autorización y hasta la liberación de las divisas, habrá plazo fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud".
Comercio exterior: así son las operaciones de evasión en las importaciones
Michel ejemplificó este tipo de operaciones con la detección, por parte de Aduana, de hace dos semanas de una “maniobra burda” donde se declaraba la importación de placas de video en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego cuando, en realidad, se trataban de productos de escaso valor sin circuitos integrados, comúnmente denominados como “basura electrónica”.
“Se importaban sólo plaquetas de aluminio donde la mercadería no tenía más valor que el peso de aluminio”, indicó.
Una de las intenciones de Aduana es evitar este tipo de conductas a futuro: “Más allá de trabajar caso a caso, estamos tratando de generar una percepción de riego a futuro para tratar de corregir la conducta a futuro en estas operaciones donde se trata de sacar los dólares al país que deberíamos aplicarlos a la producción y al empleo y no para esta ganancia financiera”, planteó Michel.
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La dependencia de la AFIP modificó la normativa que regula a los couriers, de forma tal que restringe la posibilidad de maniobras fraudulentas.
Del mismo modo, el titular de Aduana recordó que el organismo también está investigando a 500 empresas que importaron mercadería a valor de dólar oficial por medio de medidas cautelares.
Entre las irregularidades, se ha detectado que las empresas cedieron dichas cautelares “a una tercera empresa para que esta se haga de la mercadería”, como también la ausencia del “peligro de la demora”, el cual es requerido al presentar una medida cautelar.
“Estamos poniendo en conocimiento del juez en cuestión a través de un escrito en el marco del expediente para que tenga en cuenta esta situación porque, en muchos casos, el juez fue engañado y eso está previsto penalmente como estafa procesal”, señaló Michel.
Por último, y con el objetivo de “desarticular este tipo de maniobras”, sostuvo que la Aduana se encuentra trabajando junto con la AFIP para mejorar “la capacidad de análisis de datos”, como también “el intercambio de información fiscal internacional” con los demás países.