La Ley de Abastecimiento establece sanciones económicas de hasta 10 millones de pesos
En medio del plan que el Gobierno llama la "guerra" contra la inflación, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, amenazaron con hacer valer la Ley de Abastecimiento si las empresas no cumplen con las políticas de precios que el Gobierno comenzará a aplicar.
El mandatario nacional anunció en un mensaje grabado el viernes que convocaría a reuniones con los distintos sectores de la economía para "encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios"
"No vamos a dejar de controlar y fiscalizar los precios", señaló el Jefe de Estado, y advirtió: "Vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento si así es necesario".
Este lunes, Kulfas se reunió con empresarios alimenticios, supermercadistas, representantes de la cadena de comercialización y la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). Luego, en conferencia de prensa, reconoció "tensiones" con el sector privado", anunció que buscará retrotraer precios hacia el 8 o 10 de marzo y agregó: “Esperemos no tener que volver a aplicar la Ley de Abastecimiento, pero si tenemos, lo volveremos a hacer”.
La ley fue sancionada en 1974, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y fue modificada en 2014. El objetivo principal es facultar al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario.
Además, la norma permite intervenir temporariamente industrias y mantener la continuidad de la producción para garantizar el abastecimiento de productos. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
Las multas económicas pueden alcanzar los 10 millones de pesos, las clausuras de establecimientos pueden extenderse por 90 días. Asimismo, el Estado puede ordenar la inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.
El objetivo de la Ley es regular "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios" y también las prestaciones "que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga" necesidades básicas.
La aplicación más reciente de la Ley fue en 2020 cuando el Gobierno decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En esa oportunidad, retrotrajo los precios 14 días de 1.100 productos de perfumería, tocador, instrumentos de limpieza, almacén, bebidas, frescos, perecederos, limpieza e higiene personal.
En el pasado reciente hubo amenazas y efectivos ordenamientos de la norma en torno a productos como el trigo, la yerba mate y los combustibles.
En 2013, la presidencia de Cristina Kirchner aplicó la Ley al trigo e instó a "ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno a partir del día de publicación" del la resolución 67/2013, publicada en el Boletín Oficial con la firma del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Esa decisión fue derogada el 13 de enero de 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri quien entendió que la medida "desalentaba" la producción del cereal.
En 2011, Moreno la utilizó para obligar a Shell a retrotraer los precios de sus combustibles. Luego hubo sólo amenazas.
A mediados de 2012, Kirchner amagó con usarla para controlar el mercado de la yerba mate, que sufría de escasez de productos y aumentos de precios de hasta el 150%. Macri, por su parte, también amagó con utilizarla en 2019 cuando buscaba frenar los aumentos en los precios de combustibles.
