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Evasión fiscal en Argentina: ¿qué medidas existen para evitarla en nuestro país?

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El fraude contra la administración de un Estado es considerado un delito y los evasores podrán recibir desde multas y hasta condenas de hasta 9 años de cárcel.

La evasión fiscal en Argentina es un problema al que se enfrentan históricamente todos los gobiernos. El término hace referencia al fraude que se comete contra la administración tributaria de un Estado mediante la evasión de impuestos y otras actividades ilícitas como el ocultamiento de ingresos, para evadir la ley y obtener ventajas fiscales.

Sin embargo, para evitar o reducir esta problemática, la evasión fiscal en Argentina es considerada un delito y quienes lo cometan pueden enfrentar multas o penas de hasta 9 años de cárcel. Según un informe difundido en 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ese entonces, eran solamente 15 los detenidos por delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria, aunque no todos tenían una condena de evasión: sólo cuatro tenían sentencia y los 11 restantes estaban procesados con prisión preventiva. El año con mayor detenidos por el delito de evasión de impuestos en la última década fue 2014, cuando hubo 68 procesados y 38 condenados.

Ahora, mediante un sistema de entrecruzamiento de datos, puesto en marcha en 2018, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede saber si una persona tiene la capacidad contributiva para realizar la adquisición de determinado bien o si puede mantener los gastos de las tarjetas que se realizaron.

En el caso de encontrar inconsistencias entre los ingresos y los egresos, el organismo puede hacer la denuncia y el evasor puede tener que pagar una multa o enfrentarse a juicios penales por evasión fiscal. En este sentido, y según la Ley Penal tributaria, puede haber evasión simple o evasión agravada. La primera incluye a quienes "mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño (...) evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, provincial o de la Ciudad por más de $1 millón por cada tributo y por cada ejercicio anual”. En estos casos, se pueden aplicar desde 2 hasta 6 años de prisión para los evasores.

Por otra parte, la evasión agravada, como su nombre lo indica, refiere a evasiones más graves y la pena es de entre tres y seis meses a nueve años. Los casos en los que se aplica son cuando:

- La evasión supere los 10 millones de pesos.

- Se haya comprobado que se cometió el delito de “ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado”, por ejemplo a través de sociedad o “instrumentos fiduciarios”, cuando el monto evadido supere los $2 millones.

- Se usen fraudulentamente “exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier beneficio fiscal” por más de $2 millones.

- Se hayan usado facturas de forma total o parcial u otros documentos falsos para evadir por más de 1 millón de pesos.

Evasión fiscal en Argentina: el caso de Sergio Limber Servio

En 2019 hubo un caso muy polémico que rápidamente se conoció en todos los medios de comunicación de país: es que el cónsul honorario de Portugal en Córdoba y presidente de la firma Arreos del Norte SA, de Villa María, Córdoba, fue hallado culpable y procesado por una evasión contra el Estado que se destacó como “millonaria”.

El empresario fue investigado por la fiscal federal local, María Marta Schianni, quien detectó la irregularidad en la tributación del impuesto a las Ganancias a principios de 2015.

Según la investigación, Limber Servio, como autoridad de Arreos, habría evadido el pago de casi de 1,8 millones de pesos a la AFIP correspondientes al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2014. Sin embargo, el fraude fue descubierto a principios del siguiente año por una intervención personal del fisco, en la que también se corroboró que la evasión se había realizado mediante la presentación de declaraciones juradas originales pero con datos falsos e inexactos insertos. En ellas el empresario habría omitido declarar la totalidad de los ingresos gravados proyectados a partir de depósitos bancarios de su titularidad por la impugnación de compras, notas de crédito recibidas pero no registradas. También se registraron algunos comprobantes anotados dos veces y amortizaciones en exceso.

Con el avance de la causa, la fiscal lo imputó como autor de evasión simple y pidió su procesamiento. De esta manera, en agosto del año pasado, el juez federal de Villa María, Sergio Pinto, ordenó procesarlo por supuesta evasión simple pero sin prisión preventiva, y lo embargó por 180 mil pesos.

Sin embargo, el abogado de Servicio, el exfiscal general de Córdoba Darío Vezzaro, apeló la medida ante la Sala A de la Cámara Federal de esta Capital. Si bien debía presentar una documentación, tras el vencimiento de los plazos se anunció que no lo hizo y la Cámara resolvió no tener en cuenta esa apelación.

Ahora, según el Diario La Voz de Córdoba, el abogado de Limber Servio afirmó que están trabajando con el contador de la empresa para presentarle al juez un plan de pagos y arreglar la evasión sin enfrentar una acción penal en su contra.

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