Además de la pena de prisión, Eduardo Bolsonaro recibió una inhabilitación política de ocho años, que le impide ocupar cargos públicos hasta 2038.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado. La causa contra su hijo avanzó por separado y derivó en la sentencia que ahora quedó firme. (Foto: archivo)
Los abogados habían argumentado que el proceso constituía una persecución política. Sin embargo, con el rechazo de los últimos recursos, la sentencia adquirió la condición de cosa juzgada y quedó habilitada su ejecución.
Las gestiones desde Estados Unidos
El caso se vincula con la actividad que Eduardo Bolsonaro desarrolló desde comienzos de 2025, cuando se instaló en Estados Unidos y dejó su banca en la Cámara de Diputados. Desde allí buscó el respaldo de la administración de Donald Trump para cuestionar el proceso judicial contra su padre.
A fines de julio de 2025, Washington sancionó al juez Alexandre de Moraes, al que acusó de ordenar detenciones arbitrarias que vulneraban los derechos humanos.
Por su parte, Trump calificó el juicio contra Jair Bolsonaro como una “caza de brujas” y utilizó el proceso como argumento para imponer aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas.
Eduardo Bolsonaro buscó el respaldo de la administración de Donald Trump para cuestionar el proceso judicial contra su padre. (Foto: archivo)
En julio de 2025, Moraes también había ordenado congelar las cuentas y los bienes de Eduardo Bolsonaro ante la sospecha de que se utilizaban para financiar las gestiones destinadas a presionar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En septiembre de ese año, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado. La causa contra su hijo avanzó por separado y derivó en la sentencia que ahora quedó firme.
Otros antecedentes judiciales
La condena por coacción a la Justicia no es el único antecedente reciente de Eduardo Bolsonaro. En septiembre fue sentenciado a un año de prisión por difamar a la diputada Tabata Amaral. Además, fue destituido de su puesto como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo.
Mientras permanezca fuera de Brasil, la ejecución de la orden tiene un alcance limitado. La cancelación de sus pasaportes restringe sus movimientos y la disposición judicial lo expone a ser detenido si regresa al territorio brasileño. La posibilidad de que se concrete una extradición, sin embargo, todavía no fue informada.
La orden de detención se conoció en plena campaña electoral, cuando Flávio Bolsonaro, hermano del condenado, se prepara para disputar la segunda vuelta presidencial con Lula da Silva el 25 de octubre.