Sigue la violencia en Perú mientras la clase política no acuerda el llamado para nuevas elecciones (Foto: gentileza RPP).
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La clase política en Perú no logra un consenso mínimo para salir de la crisis que mantiene la tensión social y la violencia en ese país. En ese marco, el Congreso rechazó dos propuestas de la presidenta interina, Dina Boluarte, para el adelanto de las elecciones presidenciales.
El primero establecía los comicios para diciembre de este año. Ante la negativa, el Poder Ejecutivo propuso una fecha más temprana, en octubre de 2023, pero tampoco fue aprobado por los congresistas.
Los partidos de izquierda -que son solidarios con el depuesto presidente Pedro Castillo- temen que el fujimorismo gane las elecciones si se vota tan temprano. En cambio, los partidos de derecha también traban el acuerdo político porque no quieren una reforma constitucional junto con las elecciones generales.
En tanto, la tensión social se mantiene en las principales ciudades del país. Desde el 7 de diciembre de 2022 -cuando fue destituido Castillo- ya murieron 65 personas por la violencia en el Perú.
La profunda división de la clase política se ve cada vez con más fuerza en el Congreso unicameral de Perú. Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Castillo y definió como prioridad lograr un gran acuerdo político que frene el enfrentamiento de décadas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo envió una propuesta para celebrar las elecciones presidenciales en diciembre de 2023. Eran necesarios 87 votos, pero logró solo 54 a favor y 68 en contra.
También quedó en la nada una propuesta que buscaba adelantar aún más el proceso electoral. La fecha tentativa sería el segundo domingo de octubre. Pero también se descartó esa posibilidad.
"Lamento que el Congreso no haya alcanzado el consenso necesario para adelantar las elecciones", señaló Boluarte. La mandataria insiste con la necesidad de que se vote el próximo 15 de octubre y, de ser necesario, que la segunda vuelta sea en diciembre de 2023.
El problema que mantiene el cortocircuito entre ambos poderes es múltiple. Primero, si las elecciones tienen el carácter complementario -para que se culmine el período de Castillo- hay un problema con los legisladores. Ellos seguirían en sus bancas hasta 2026 y podrían trabar todas las iniciativas de un nuevo presidente.
Por eso, el proyecto del gobierno de Boluarte es una elección general: votar por un nuevo presidente y una nueva composición del Congreso.
La izquierda, que defiende a Castillo, tiene otro plan: los comicios deben ir de la mano de una reforma constitucional. El sector de la derecha fujimorista se opone a esa modificación porque primero quiere ganar la presidencia de la República.
La violencia que comenzó en el sur del país se extiende por todo Perú. Ya son más de 65 los muertos desde el pasado 7 de diciembre de 2022. Y la falta de acuerdo político en Lima no es una buena señal. De hecho, con el correr de los días, la situación se vuelve más compleja desde el punto de vista social.
El problema que se suma a esta grave situación es el acceso al agua en grandes zonas del país. La situación se ha vuelto apremiante. Los bloqueos en carreteras y las tomas en algunos lugares potabilizadores del agua provocan severos inconvenientes. Los insumos químicos que se usan para potabilizar el agua no llegan y eso impide que el agua pueda circular en muchas zonas en condiciones de salubridad para el ser humano.
Las zonas críticas están en Apurímac, Arequipa, Cusco, Áncash y Puno, los bastiones de la resistencia contra el Gobierno.