Quién es "El argentino": estaba preso en México y fue deportado a Estados Unidos acusado de narco
Tiene 44 años, es oriundo de General Roca y, por la gravedad de los delitos que se le imputan, puede recibir una pena de 20 años de prisión. Fue enviado con otras 37 personas buscadas por la justicia estadounidense.
La deportación desde México a los Estados Unidos. Entre ellos, un argentino acusado de narco (Foto: gentileza El Universal).
Cayó “El argentino”, un delincuente internacional que ya va rumbo a los Estados Unidos para ser juzgado por integrar una asociación ilícita y narcotraficante. Estaba detenido en México, pero es argentino, de General Roca, de la provincia de Río Negro. Sin quererlo, forma parte de una operación sin precedentes de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. La justicia mexicana entregó a 37 fugitivos acusados de delitos federales estadounidenses, entre ellos el ciudadano argentino cuya historia y causas salieron a la luz en las últimas horas.
La magnitud del operativo, que se realizó bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional de México, supera ampliamente los traslados similares ejecutados en 2025, cuando se efectuaron 29 y luego 26 transferencias de este tipo. La primera de ellas se cumplió el 27 de febrero de 2025, cuando Trump apenas llevaba 1 mes y una semana en su regreso al poder en la Casa Blanca.
Aunque parezca lo opuesto, forma parte del plan del mandatario republicano para dar su combate a fondo contra la delincuencia organizada en cualquiera de sus variantes. Así como envía de regreso a sus países (o a la cárcel especial de El Salvador) a los inmigrantes ilegales o delincuentes que captura el cuestionado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La otra pata del plan es lograr que sean extraditados a Estados Unidos aquellos delincuentes peligrosos que busca la justicia de ese país para ser juzgados y condenados.
En esta última caracterización cae la figura de “El argentino”, detenido en México y enviado a enfrentar a un tribunal del estado de Kentucky.
Correa argentino deportado de México a Estados Unidos
Correa, el argentino de Río Negro. Detenido en México y enviado a EE.UU. para ser juzgado por asociación ilícita y narcotráfico. (Foto: Gentileza TodoRoca)
Quién es “el argentino” y de qué se lo acusa
El hombre así identificado en el grupo de deportados es Manuel Ignacio Correa, de 44 años. Conocido en algunos círculos como “El argentino”, residía en la Ciudad de México, donde habría desarrollado actividades ligadas a organizaciones criminales, según las autoridades judiciales estadounidenses.
Correa fue deportado hacia el Distrito Este de Kentucky, donde será juzgado por el presunto delito de asociación ilícita y violaciones a la ley de drogas. Aunque los cargos formales no fueron detallados por la Justicia estadounidense al momento de la difusión del traslado, se sabe que podrían implicar penas por lo menos de 20 años de prisión si se lo declara culpable.
Desde su localidad natal en Argentina, algunos medios locales y allegados confirmaron que Correa figura como socio fundador de una empresa constituida en 2019, aunque no hay registros públicos de que ese emprendimiento estuviera relacionado con las causas que ahora enfrentará en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México concretó la entrega de varios ciudadanos requeridos por la justicia estadounidense por delitos de asociación ilícita y contra la salud, en los que cae el narcotráfico. El operativo se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre ambos países, tras agotarse los recursos legales de los detenidos en territorio mexicano.
La operación más grande de su tipo en la historia reciente
La entrega de fugitivos realizada por México, que incluyó al argentino Correa, forma parte de un marco más amplio de cooperación bilateral en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado entre ambos países. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esta transferencia representa la mayor de su tipo desde que se implementaron estos mecanismos de traslado en 2025.
A diferencia de la tradicional extradición (un proceso judicial complejo que puede llevar años en completarse), la Ley de Seguridad Nacional mexicana permite transferir fugitivos directamente a custodia estadounidense por razones de seguridad nacional, sin agotar todos los pasos procesales habituales.
Este procedimiento, utilizado en tres ocasiones en poco más de un año, evita dilaciones jurídicas en casos donde se sospecha que los individuos podrían seguir operando desde prisión o que representan un riesgo grave para la seguridad pública. De paso, genera beneplácito en el hombre que ocupa la presidencia de los Estados Unidos, por segunda vez.
Quiénes integran el grupo extraditado
El “argentino” Manuel Ignacio Correa no está solo. Forma parte de un contingente de 37 trasladados que incluye a presuntos miembros de cárteles y redes criminales transnacionales. Según los comunicados oficiales:
Hay individuos vinculados con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (antiguamente Los Zetas) y el Cártel del Golfo.
Entre ellos figuran sospechosos de delitos que van desde narcotráfico y lavado de dinero hasta financiación de actividades terroristas, tráfico de armas y trata de personas.
Varios de los trasladados podrían enfrentar juicios en distintos distritos federales de Estados Unidos, incluyendo Texas, Florida, California y Kentucky ( hacia allí enviaron a Correa).
La lista exacta de acusaciones es extensa y abarca variados cargos federales asociados a crimen organizado de alto impacto internacional. La diversidad de jurisdicciones en las que deberán responder ante la Justicia estadounidense subraya la complejidad de estas redes criminales.
Críticas y controversias alrededor del procedimiento
Si bien las autoridades de ambos países presentaron la operación como un avance significativo en la lucha contra el crimen transnacional, no faltaron voces críticas respecto de la legalidad y transparencia del mecanismo utilizado.
En México, familiares de algunos de los trasladados denunciaron que no se les permitió agotar necesariamente el proceso de extradición tradicional, y que el traslado equivalió a un “destierro” sin las garantías procesales habituales. Alegan que se les negó el debido proceso, situación que podría derivar en acciones legales ante la justicia mexicana.
Desde Estados Unidos, la postura oficial de organismos como la Drug Enforcement Administration (DEA) y el FBI fue la de resaltar la importancia de esta cooperación para desmantelar cárteles y redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera.
Un operativo que marca una tendencia regional
La entrega de fugitivos como parte de alianzas de seguridad entre México y Estados Unidos se enmarca en una tendencia global de mayor colaboración transnacional frente al avance de organizaciones criminales que han diversificado sus actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas al tráfico de personas y el financiamiento de grupos con redes internacionales de violencia.
En ese contexto, el caso de Manuel Ignacio Correa -el argentino involucrado- funciona como una piedra de toque para evaluar cómo las fiscalías y juzgados de distintos países abordan delitos de carácter transfronterizo, y qué impacto tienen estas estrategias en la seguridad pública y las garantías procesales de los acusados.
Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la seguridad de su país y de los ciudadanos debe primar por sobre los derechos individuales de los deportados. El gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, piensa igual que Washington y hacia allí fueron los deportados.
Ya son tres procedimientos como este desde la llegada de Trump al poder y va a seguir, en palabras de la DEA: “Seguiremos impulsando, junto con nuestros socios internacionales, el desmantelamiento de estos cárteles terroristas, la interrupción del suministro de fentanilo y la salvación de vidas estadounidenses”.
