Los desmanes en el Congreso, el día en que la Cámara de Diputados se disponía a darle media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se analizan en tres expedientes judiciales: dos en la justicia ordinaria, y el tercero en la justicia federal.
Las causas que tramitan en los tribunales de la ciudad se ocupan del sumario iniciado contra un detenido en flagrancia, y otro relacionado con la agresión sufrida por efectivos de la policía porteña que casi fueron quemados vivos. La que procede en el juzgado de Retiro se abrió por los daños producidos en el edificio del Congreso, que pertenece al Estado Nacional.
Para los tres casos los hechos que se observan son los mismos, aunque con tres enfoques diferentes. Por esta razón, la jueza federal María Eugenia Capuchetti reclamó al juez porteño Norberto Circo, que se inhiba de seguir actuando en las causas que investigan las pedradas contra el Congreso y envíe las actuaciones a Comodoro Py, porque sostiene que la principal hipótesis es que los disturbios formaron parte de un operativo de extorsión a los legisladores para evitar la actividad parlamentaria. La magistrada basó el requerimiento en el artículo 211 del Código Penal, que reprime con hasta 10 años de prisión a quien para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, utilice medios materiales para producir tales efectos, o explosivos, agresivos químicos o materias afines.
Por el momento, cada expediente sigue en su despacho de origen, aunque según pudo averiguar A24.com en la próxima semana podría haber novedades. Si desde la Ciudad optarán por negarse a entregar los casos, se abriría un conflicto entre jurisdicciones que podría terminar de dirimirse ante la Corte Suprema.
En la justicia ordinaria las investigaciones están a cargo del juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 23, Norberto Circo, con el impulso de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal (MPF) a raíz de las actuaciones de la Policía de la Ciudad.
Desde que se produjeron los incidentes el 10 de marzo pasado, quedaron detenidos con prisión preventiva dos militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), a la vez que se realizaron una decena de allanamientos que permitieron incautar elementos utilizados para las agresiones, como gomeras, un bidón con nafta y varias prendas de vestir que lucían los imputados. Además, teléfonos celulares, computadoras, fotos de bombas molotov, folletos de la organización, y cuadernos con información sobre la logística de la movilización al Parlamento.
Según fuentes consultadas por A24.com, el fiscal de la Unidad de Flagrancia, Mariano Camblong, consiguió que el juez Circo dictara la prisión preventiva para Jaru Alexander Rodríguez Carrero y de Oscar Santillán.
Santillán fue detenido el 10 de marzo, está imputado por los delitos de atentado contra la autoridad agravado, daño agravado contra elementos del patrimonio de CABA, obstrucción de la vía pública y portación de armas no convencionales.
Rodriguez Carrero es el hombre de nacionalidad venezolana que fue capturado el 15 de marzo en un allanamiento realizado en la localidad de San Isidro. Se le atribuye formar parte de una asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes, además de atentado contra la autoridad agravado, daño agravado contra diferentes elementos que conforman el patrimonio de CABA, obstrucción de la vía pública, ensuciar bienes, y portación de armas no convencionales.
Asimismo, el MPF hizo saber que continúa adoptando medidas de investigación y solicitando las detenciones de todas las personas que se vayan identificando y tengan responsabilidad directa en los hechos.
Por esta investigación, ya se realizaron al menos 8 operativos en San Isidro, Esteban Echeverría, Libertad y Quilmes, Guernica en Lomas de Zamora, Gregorio de Laferrere en La Matanza, y Merlo. Incluyen un procedimiento en la sede del MTR en zona sur, donde se secuestraron la mayoría de los elementos recolectados para analizar prueba en estas causas.
En Comodoro Py por ahora no hubo arrestos. La denuncia inicial fue de la Policía Federal fundada en los registros de las cámaras callejeras. En el juzgado de Capuchetti identificaron a ocho personas arrojando piedras, mientras siguen trabajando en determinar otras identidades. Los delitos que se investigan son intimidación pública y daño agravado. Por esta tipificación penal, y por el uso de bombas caseras contra un Institución del Estado Federal, la magistrada solicitó hacerse cargo de la totalidad de las actuaciones.
