La Justicia federal acusó a autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado y a un prestador privado de presentar estudios adulterados con sellos falsos de la Universidad de Mar del Plata para encubrir el suministro de agua contaminada.
La escuela primaria N° 2 de General Alvarado es una de las afectas. (Foto: Ministerio Público Fiscal).
La Justicia federal imputó a tres consejeros escolares de General Alvarado y a un contratista por falsificar certificados de potabilidad de agua en escuelas de Mar del Sur. La investigación determinó que los documentos, que aseguraban que el agua era apta para consumo, habían sido adulterados con sellos falsos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mientras alumnos sufrían vómitos, diarreas y fiebre por la contaminación.
Los acusados son Carolina Palacios, presidenta del Consejo Escolar; Adriana Parodi, vicepresidenta; Fernán Gorostiza, tesorero; y el prestador privado Ezequiel Bravo, a cargo de la limpieza de tanques. Se los imputa por defraudación a la administración pública, uso de documento público falso, suministro de aguas nocivas para consumo humano y, en el caso de los funcionarios, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bravo también enfrenta cargos por falsificación.
“Durante mucho tiempo a nuestros hijos les dieron agua con mierda para tomar, para comer y para lavarse”, denunciaron los padres de alumnos.
La maniobra quedó expuesta cuando los consejeros presentaron certificados de potabilidad ante la comunidad educativa del Polo Educativo de Mar del Sur, integrado por la Escuela Primaria N°2, la Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910. Los padres, que ya habían advertido problemas de salud en los chicos, notaron irregularidades en esos estudios y comenzaron a investigar.
Uno de ellos, Norberto Lamelas, fue clave para destapar el caso. “Los papás hemos dicho que ‘con los chicos no’ porque acá se pasó toda raya y límite, todos nos dieron la espalda y nos dejaron solos”, señaló en declaraciones al medio La Nación y agregó: “Nuestros hijos iban a la escuela y les daban agua con materia fecal”.
Cuando consultó directamente en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde supuestamente se habían realizado los análisis, recibió la confirmación de que nunca se habían hecho. “Imposible esa fecha, yo estaba de licencia por maternidad”, le respondió una de las profesionales cuyo nombre figuraba en los documentos.
Mar del Sur no cuenta con red cloacal ni de agua corriente. El Polo Educativo se abastece de un pozo cercano al sistema séptico, lo que habría permitido la contaminación de las napas. Desde el año pasado, los padres advertían que los chicos sufrían vómitos, diarrea, sarpullidos y hasta cuadros de internación por deshidratación.
Por iniciativa propia, la cooperadora encargó un análisis privado a la firma Aqualab. El resultado fue contundente: el agua contenía Escherichia Coli y pseudomonas, bacterias altamente infecciosas. Esa información contradijo de manera frontal los certificados presentados por el Consejo Escolar, que afirmaban que el agua era segura.
Los investigadores detectaron que Bravo manipulaba imágenes digitales para simular estudios con sellos y firmas de profesionales de la universidad. Según el fiscal Carlos Martínez, existen más de 100 análisis presuntamente falsificados en distintas escuelas del distrito desde 2021.
Un mensaje hallado en el celular de Bravo reveló la mecánica: “Le podemos hacer un informe de los otros [colegios] y que le borre el nombre y le ponga EP 2 número 2, para aliviar”. Esa evidencia fue leída en la audiencia por el juez de Garantías Santiago Inchausti.
El fiscal sostiene que los consejeros sabían que los certificados eran falsos. “Los funcionarios conocían de la falsedad del documento informe de potabilidad del 18/02/25 desde la fecha de su confección y uso (07/03/25), siendo el acto de convocatoria al proveedor Bravo y el pedido de explicaciones una situación irreal planeada por los nombrados para que solo Bravo se haga cargo de los hechos en los que los cuatro habían participado”, detalló.
Mientras la causa avanza, los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases porque el Consejo Escolar suspendió el programa “Agua segura”, que desde marzo proveía agua embotellada. Aunque los directivos aseguran que un nuevo pozo y tanque ya garantizan condiciones óptimas, las familias reclaman documentación “fehaciente y determinante” de que no hay riesgo.
El juez Inchausti ordenó que los imputados no puedan salir del país, les prohibió acercarse a menos de 500 metros del Polo Educativo por 180 días y dispuso embargos sobre sus bienes.
