Hasta hace poco, la atención estaba puesta en estos individuos. Sin embargo, nuevas evidencias y declaraciones han dirigido la mirada hacia un funcionario público clave: Walter Maciel, comisario de la localidad de 9 de Julio.
La jueza Cristina Pozzer Penzo, encargada del caso, emitió un fallo que redefine el papel de Maciel en la desaparición de Loan. Inicialmente, el comisario había sido señalado como responsable de encubrir el caso. Pero, tras meses de investigaciones, la jueza lo acusó como “autor material penalmente responsable del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público”.
El fallo no se detiene ahí. Además de la acusación, se determinó un embargo de ocho millones de pesos sobre los bienes de Walter Maciel. Esta medida también se extiende a otros imputados en el caso: María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, quienes deberán afrontar un embargo de 20 millones de pesos cada uno. El resto de los acusados deberá responder con un millón de pesos por cabeza.
Mientras las autoridades estrechan el cerco en torno a los acusados, una nueva hipótesis sale a la luz. Según un informe de los fiscales federales Mariano De Guzmán, Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano —integrantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas—, se desestima que Loan haya sido víctima de una red de trata o que haya salido del país.
El documento apunta a algo más perturbador: un pacto de silencio entre los imputados. Según los fiscales, las siete personas detenidas saben exactamente qué ocurrió con Loan, pero han decidido no cooperar con la justicia.
“Al nene no lo vendieron a una red de trata, no lo sacaron del país y no se perdió en el naranjal”, asegura el dictamen, abriendo una puerta a teorías aún más complejas sobre el paradero del menor.
Desde el día de su desaparición, la búsqueda de Loan ha involucrado a fuerzas de seguridad, perros rastreadores y equipos especializados en rescates. Sin embargo, cada esfuerzo ha terminado en un callejón sin salida. Mientras tanto, los padres de Loan han realizado incansables pedidos de ayuda a través de los medios, exigiendo respuestas y una acción más contundente de las autoridades.
Este caso no solo pone en evidencia la fragilidad de la protección a la infancia, sino también los desafíos en la lucha contra la corrupción y las redes de complicidad que parecen envolver al caso.
La figura de Walter Maciel ha tomado un lugar central en el caso. Su cargo como comisario lo convierte en un actor clave, no solo por su acceso a información privilegiada, sino por la responsabilidad de velar por la seguridad en la región. Ahora, bajo la acusación de estar directamente involucrado en el secuestro de Loan, se enfrenta a la pérdida de credibilidad y al peso de la ley.
El embargo millonario dictado en su contra y la gravedad de las imputaciones refuerzan la hipótesis de que su participación va más allá del simple encubrimiento. Este nuevo giro ha renovado las esperanzas de que el caso pueda esclarecerse, aunque también plantea inquietantes preguntas sobre cómo un funcionario público pudo haber estado involucrado en un hecho tan atroz.
Con el foco puesto en Walter Maciel y la aparente complicidad entre los detenidos, el caso de Loan parece estar lejos de resolverse. La Justicia enfrenta un desafío mayúsculo: romper el pacto de silencio que mantiene ocultos los detalles más importantes de la desaparición del niño.
Mientras tanto, el país entero continúa conmocionado, exigiendo respuestas y reclamando justicia para Loan. Cada día que pasa sin noticias del niño se suma al dolor de su familia y a la angustia de una sociedad que no puede concebir cómo un pequeño puede desaparecer sin dejar rastro.