Lucio Dupuy, junto a su padre.
Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre en Santa Rosa, La Pampa, asesinado a golpes. Por el hecho se encuentran detenidas su madre y la pareja de esta. Ahora, la familia paterna del niño analiza denunciar ante la Justicia las responsabilidades de diferentes áreas del Estado, debido a presuntas omisiones que pudieron haber evitado el hecho.
Así lo infirmó hoy el abogado que la representa en la querella, José Mario Aguerrido. "La familia de Lucio Dupuy quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud", expresó el letrado.
"Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado. Se denuncia, se informa y el área de Minoridad averigua si fue un accidente o una situación de maltrato; eso no se hizo", agregó en declaraciones a la agencia Télam.
Sobre este punto, afirmó que "claramente hay omisiones anteriores que pudieron evitar este hecho, las áreas del Estado no actuaron para descubrir o detectar el maltrato que sufría Lucio cuando había elementos de sobra".
Y continuó: "Estamos investigando todo y no descartamos plantear una denuncia respecto a quienes tuvieron responsabilidades en las diferentes áreas del Estado, porque entendemos que en determinadas áreas públicas se ha incurrido en errores que, de no haberse producido, tal vez tendríamos otro escenario con respecto al pequeño Lucio".
Entre otras, Agarrido se refirió a las omisiones policiales cuando, a través de un llamado a la línea 101 de una vecina que denunció que estaban golpeando a un niño, "fueron y no encontraron la vivienda y se volvieron a la seccional, cuando debieron insistir en ese llamado".
También mencionó que existen en poder del equipo de fiscales que investiga el hecho elementos que indica que la mamá de Lucio, Magdalena Espósito Valenti (24), "estaba en tratamiento con un psicólogo del área pública, a quien entre otros aspectos le dijo que estaba con dificultades para asumir su rol materno".
"Lo planteo porque seguimos insistiendo en las fallas del sistema público. De nada sirven las historias clínicas digitalizadas si en el Sistema de Salud Integral no hay comunicación entre todas las áreas para determinar situaciones de maltrato y de violencia familiar", sostuvo.
"Hubo grandes omisiones del sistema, del Estado, desde la entrega de la tutela del menor hasta el final del pequeño que se podría haber evitado, hay responsabilidad penal de la asesora de menores, de la jueza que intervino en el otorgamiento de la tutela del menor a su madre - Ana Pérez Ballester- porque degradaron el interés supremo del niño, por eso esperaremos a que esto se investigue, que actúen los organismos competentes y sino seremos nosotros los que quizás pidamos un juicio político o una corrección disciplinaria", expresó Aguerrido.
Finalmente, el letrado dijo que le sorprendió que el juez de la causa rechazara un pedido que formuló para evitar que las dos acusadas, Espósito Valenti y Abigail Páez, se comuniquen entre sí al solo efecto de evitar entorpecer la causa.
Por tal motivo, adelantó, en las próximas horas presentará un recurso de impugnación a esa decisión judicial.
