La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela enfrenta un inconveniente clave: el celular de “Pequeño J”, detenido en Perú. El fiscal Adrián Arribas explicó que el dispositivo podría contener mensajes y ubicaciones decisivas.
Triple crimen: el gran obstáculo por el que aún la Justicia no puede abrir el celular de "Pequeño J".
El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela, reveló nuevos detalles sobre el avance de la investigación y explicó por qué el celular de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sigue sin poder ser peritado. La información que guarda el dispositivo es considerada clave para reconstruir las horas previas y posteriores al asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
Durante una entrevista televisiva, el fiscal confirmó que el teléfono de “Pequeño J” permanece en resguardo de las autoridades peruanas y no puede ser abierto hasta que se concrete su extradición a la Argentina.
“El aparato está asegurado y preservado. No podemos acceder a los datos ni iniciar el peritaje forense hasta que el imputado esté en territorio argentino, ya que el procedimiento requiere autorización judicial local y presencia de las partes”, explicó Arribas.
Según los investigadores, el dispositivo podría contener chats, llamadas y datos de geolocalización decisivos para definir los roles de todos los implicados. Sin embargo, hasta que el principal acusado no sea trasladado desde Lima, el análisis técnico seguirá demorado.
El fiscal también contó que el miércoles estuvo en la sede judicial la madre de Lara Gutiérrez, una de las víctimas. “Vino a interiorizarse de los avances de la causa. Es su derecho como querellante”, aclaró Arribas, y negó que su presencia estuviera vinculada exclusivamente a la foto que circuló en redes sociales donde Lara aparece junto a "Pequeño J" meses antes del crimen.
Esa imagen, admitió el funcionario, forma parte del expediente desde el inicio. “Es un elemento más que aporta contexto sobre la relación previa entre la víctima y el imputado, pero no modifica el rumbo de la investigación”, añadió.
Arribas confirmó que la Justicia tiene bajo la lupa a un nuevo sospechoso: “El Loco David”, señalado por otros detenidos como una pieza clave en la logística del secuestro y asesinato de las tres jóvenes.
El fiscal describió al hombre como un ciudadano peruano, albañil de oficio, presunto “transa” radicado en la villa 1-11-14, con presuntos vínculos con bandas narco que operan en el sur del conurbano bonaerense.
La hipótesis es que habría sido contratado por “Pequeño J” para ejecutar el crimen, con apoyo de al menos 15 personas. Hasta ahora, nueve sospechosos están detenidos.
Entre las pruebas que robustecen esta línea de investigación se encuentra la declaración de Víctor Lázaro Sotacuro, conocido como “el remisero”, quien relató que el viernes 19 de septiembre fue contratado por “El Loco David” para hacer un viaje en Florencio Varela.
“Me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana”, contó Sotacuro, y agregó: “Cuando lo busqué, se subió con otras dos personas: estaban embarrados. Dejé a los dos en Zabaleta; David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.
Sotacuro aseguró que al día siguiente fue a cobrar por el trabajo y recibió $600.000 en lugar de los $40.000 acordados, un pago que consideró inusual pero no cuestionó en ese momento.
Además, dijo que la camioneta Tracker blanca usada para trasladar a las chicas pertenecía a David, aunque luego se comprobó que era robada.
El fiscal Arribas confirmó que ya hay nueve personas detenidas por el triple crimen, entre ellos:
Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19): arrestados mientras limpiaban manchas de sangre en la casa de Villa Vatteone donde los cuerpos fueron hallados enterrados.
Celeste Magalí González Guerrero (28) y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (25): la mujer había alquilado la vivienda para la supuesta “fiesta”.
Víctor Sotacuro (42): el “remisero”, capturado en Villazón, Bolivia, cuando intentaba huir.
Florencia Sotacuro: sobrina del remisero, detenida tras dar una entrevista televisiva.
Ariel Giménez (29): sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron los cuerpos.
Matías Ozorio (28): argentino, señalado como mano derecha de "Pequeño J", detenido en Lima.
Tony Janzen Valverde Victoriano (20): alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual, detenido en Perú.
Arribas adelantó que esta semana podrían concretarse nuevas detenciones y allanamientos a partir de datos surgidos de las pericias y testimonios.
Uno de los principales desafíos es el análisis de los siete celulares secuestrados a los distintos detenidos.
Los peritos comenzaron el viernes a trabajar sobre los dispositivos incautados en Argentina, pero el teléfono de “Pequeño J” sigue inaccesible.
“Sabemos que allí puede haber comunicaciones clave sobre la planificación y ejecución del hecho, pero los protocolos internacionales nos impiden tocarlo hasta que se complete la extradición”, reiteró el fiscal.
La fiscalía sostiene que el triple femicidio no fue un hecho aislado, sino que responde a una trama narco con ramificaciones en distintas provincias y en Perú.
El caso involucra una red de captación de víctimas, secuestro, torturas y posterior asesinato con ocultamiento de los cuerpos, un accionar que evidencia una logística criminal organizada.
Los investigadores también trabajan sobre el vínculo entre las jóvenes víctimas y sus victimarios, ya que se sospecha que fueron engañadas bajo la promesa de asistir a una fiesta.
La madre de Lara y los familiares de Brenda Del Castillo y Morena Verdi han participado activamente en la causa como querellantes y exigen justicia plena para todos los responsables.
El hallazgo de los cuerpos -enterrados en un pozo en el patio de la casa de Villa Vatteone- y los resultados de las autopsias, que revelaron múltiples heridas y un nivel extremo de violencia, han generado conmoción social y reclamos de cadena perpetua para los autores materiales e intelectuales.
El fiscal Arribas espera que los avances en las pericias de teléfonos y ADN permitan esclarecer los roles de cada imputado y que la extradición de “Pequeño J” se concrete lo antes posible.
El acceso al celular del presunto líder narco se considera una pieza que puede ordenar definitivamente el rompecabezas de esta investigación que aún tiene flecos abiertos y posibles prófugos.
