Adrián Arribas, junto a los abogados querellantes, informaron las últimas novedades en la investigación por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Adrián Arribas junto a los abogados querellantes informaron las últimas novedades en la investigación.
El fiscal Adrián Arribas pidió prisión preventiva para los principales acusados del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas en una vivienda de Florencio Varela. Según la investigación, los imputados integraban una banda narco criminal que actuó con violencia para “recuperar un cargamento de droga robado”.
En conferencia de prensa desde La Matanza, el fiscal confirmó que solicitó la prisión preventiva de todos los detenidos y que pidió que la causa pase a la Justicia Federal, debido a su vínculo directo con el narcotráfico. “Requerimos la prisión preventiva para todos los imputados y solicitamos la competencia federal. El juez tiene cinco días para resolver”, explicó Arribas.
Según el fiscal, nueve personas participaron del hecho y tres permanecen prófugas. “Hubo un robo de estupefacientes, y a raíz de eso, la privación ilegítima de la libertad de las tres chicas. La finalidad era recuperar la droga, y eso derivó en el triple crimen”, remarcó.
Entre los imputados se encuentra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda, junto a Celeste Magalí Guerrero —dueña de la casa donde aparecieron los cuerpos— y su pareja, Miguel Silva.
También fueron incluidos Daniela Ibarra, encontrada lavando manchas de sangre junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro; Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú; y Ariel Jeremías Giménez, acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas.
Arribas agravó las imputaciones por privación ilegítima de la libertad coactiva y homicidio triplemente calificado —por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de varias personas—, además de violencia de género y crimenis causa.
Las mujeres Guerrero, Ibáñez e Ibarra no fueron acusadas por violencia de género, pero se mantienen los demás agravantes.
El requerimiento judicial, firmado también por los fiscales Diego Rulli y Claudio Fornaro, sostiene que Brenda, Morena y Lara fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una “casa operativa” de la organización narco ubicada en la calle Chañar 702, barrio Villa Vatteone.
Las víctimas habrían sido engañadas con falsas promesas de dinero o trabajo, y una vez dentro del lugar fueron atacadas con extrema violencia. Las autopsias confirmaron múltiples lesiones, fracturas y mutilaciones, lo que llevó a tipificar el hecho como homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.
Según el expediente, Celeste Guerrero mantenía contacto directo con los jefes peruanos de la red narco: Tony Jansen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) y David Gustavo Morales Huamaní (“El loco David”), quienes operaban el tráfico de cocaína desde Perú hacia Buenos Aires. “Las jóvenes fueron asesinadas por una deuda o venganza vinculada al robo de varios kilos de droga”, afirmó Arribas.
Las cámaras de seguridad muestran a Ibarra y Parra limpiando paredes y pisos manchados de sangre, apenas horas después del crimen. Los fiscales calificaron esa acción como una “maniobra deliberada para obstaculizar la investigación”, lo que sumó cargos por encubrimiento agravado.
En su dictamen, los investigadores remarcaron que las tres jóvenes eran mujeres en situación de vulnerabilidad y que esa condición fue aprovechada por sus atacantes. “Su indefensión fue utilizada para someterlas y eliminarlas”, concluyeron los fiscales.
El Ministerio Público de La Matanza solicitó que el expediente sea derivado al Juzgado Federal de Morón, por los “claros indicios de delitos conexos al tráfico internacional de drogas”.
“El caso no se agota en un hecho de violencia urbana, sino que expone un entramado criminal donde confluyen trata, narcotráfico y homicidio organizado”, subrayaron los fiscales.
Mientras tanto, los ocho imputados permanecen detenidos en cárceles bonaerenses, y la causa continúa bajo la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
