Desbordado por las contradicciones de la cuarentena, tras el anuncio de extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 12 de abril, el Gobierno no pudo controlar la ruptura del aislamiento social de los sectores más vulnerables y que justamente apunta a cuidar: los jubilados.
Casi en cadena nacional, los jubilados protagonizaron las noticias el viernes cuando se agolparon en larguísimas colas en los bancos, a pesar de la estricta cuarentena, sin que nadie en el Gobierno se ocupara de organizar operativos de distanciamiento y seguridad.
El caos derivó en versiones de renuncias en medio de fuertes internas de palacio y entre el BCRA, la ANSES, los bancos y el gremio de bancarios que se negaban a trabajar como un sector esencial por temor a los contagios.
Así, cuando el gobierno ya empezaba a pensar en flexibilizar los términos de la cuarentena, el primer día de cobro de jubilados y planes sociales terminó rompiendo de un plumazo la estricta organización que venía controlando Alberto Fernández personalmente.
Mientras tanto, se liberó en parte la cuarentena para algunos sectores como la construcción, el comercio, la industria y se incorporó como nuevos sectores esenciales a trabajadores informales como albañiles, changarines y plomeros que viven de los servicios a la clase media.
Todas las decisiones se irán tomando en base a los informes de la Sala de Situación -la trinchera- que funciona con el equipo de infectólogos, sanitaristas, psicólogos, científicos y funcionarios en el octavo piso del edificio del Ministerio de Salud.
Aunque saben cerca del Presidente que más allá de los test que confirmen nuevos contagios, cuando la cosa se masifique, admiten en Casa Rosada que cerca del 80% de la población terminará contagiada -la mayoría de los argentinos podrían ser asintomáticos o sufrir apenas un estado gripal o de tos-, otro 15% necesitará atención médica o será internado en salas intermedias y un 5% terminará grave en terapia intensiva.
El Gobierno mira lo que pasa en el mundo: "El COVID-19 se llevó puestos el sistema sanitario de las principales potencias: Italia, España, Estados Unidos y UK y por eso evalúa con gobernadores e intendentes, cerrar las fronteras entre provincias y municipios de manera paulatina en base a la evolución de los contagios.
Se trata de la posibilidad de extender todo el invierno, la cuarentena en zonas geográficas como el AMBA que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense; se podría extender la cuarentena social 6 meses como mínimo.
Lo mismo podría aplicarse a ciudades de Chaco, Santa Fe y Córdoba y Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde se concentran por ahora, la mayor cantidad de contagios.
La elección de los lugares no es al azar: el gobierno ve cómo la pandemia avanza con cada vez mayor velocidad en la transmisión comunitaria en esos conglomerados territoriales.
Por eso, aunque no es oficial, la mayoría de los municipios del conurbano ya se prepara para cerrar sus propias fronteras.
A más de dos semanas de aislamiento obligatorio, ya casi no se puede circular en vehículos entre uno y otro municipio, porque de hecho los intendentes mandaron a cortar con caños, montículos de tierra o camiones, la mayoría de los accesos, y solo dejaron abiertas las principales entradas con controles policiales donde ya toman la fiebre a los transeúntes.
Así comenzaron Ezeiza, Balcarce o Chacabuco y ahora se suman Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Moreno, Morón, La Matanza, Lanús, Avellaneda, San Vicente, por mencionar solo algunos distritos de la tercera sección electoral que es la que tiene mayor concentración poblacional del país.
No solo las nuevas normas de la cuarentena cambian día a día. También cambia el ánimo y las posturas del Presidente y funcionarios.
Un día plantean como estrategia enfrentamientos con empresarios que despiden empleados por la crisis, y tras revivir la grieta, vuelven a bajar el tono, en un intento de retorno del Presidente a representar la moderación para conseguir legitimidad para las medidas de fuerte intervención estatal.
Tras pelearse la semana pasada con las empresas que calificó de “miserables” por despedir empleados en medio de la pandemia y advertirles que “ahora les toca ganar menos”, Alberto volvió a convocar a la Cámara de Comercio, la UIA y a la CGT el viernes a Olivos para escuchar y tomar nota de los reclamos.
Esta vez, se mostró más moderado ante empresarios y sindicalistas, dispuesto a tomar más medidas para capear la crisis.
Así desfilaron en las últimas horas por Olivos: Jorge Luis Di Fiori; los vicepresidentes Eduardo Eurnekian y Alberto Grimoldi y el tesorero, Víctor Dosoretz por la CAC; y los dirigentes de la CGT encabezados por Rodolfo Daer, José Luis Lingieri.
Los reclamos empresarios y sindicales coincidieron en algunos tramos: retorno progresivo a la actividad, garantías de financiamiento, pago de sueldos y prohibición de despidos para contener la crisis social, a cambio de sumar las camas y recursos de internación con que cuentan sus obras sociales sindicales y sistema de salud de prepago, para atender en la emergencia a los pacientes del COVID-19.
Los últimos en llegar a Olivos el viernes fueron los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que vienen acompañando la cuarentena pero también reclaman financiamiento a tasa cero, mientras el gobierno analiza pedirles que comiencen a adaptar su producción a las necesidades de la pandemia.
Alberto los recibió acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos.
La verdadera estrategia para enfrentar al corona:
Mientras monitorea desde Olivos la evolución de la pandemia con los números y estadísticas que controla el ministerio de Salud, Fernández lanzó un globo de ensayo y terminó dando marcha atrás con la aplicación de un supuesto DNU que había anunciado González García para intervenir desde el Estado todas las clínicas y hospitales del sector privado.
La medida fue rechazada por las cámaras que agrupan al sector y el Gobierno terminó acordando una “coordinación conjunta” entre sectores público y privado, para garantizar la mayor cantidad de camas de terapia intensiva para pacientes con coronavirus.
Algo que a esta altura, nadie duda en el Gobierno, es que tarde o temprano la pandemia va a estallar. Es cuestión de tiempo.
El avance del COVID-19 será vertiginoso en las próximas dos semanas, admitieron a A24.com desde la Casa Rosada que miran con temor y estrés lo que sucede en las principales potencias del mundo donde “se les quemaron lo papeles y desbordó el sistema sanitario".
Lo que viene es grave y todos tienen que tomar dimensión, la estrategia es seguir achatando la curva para no se no se dispare exponencialmente y el sistema sanitario soporte la demanda de atención de pacientes.
No va a existir levantamiento total de la cuarentena en menos de 6 meses: habrá situaciones parciales y medidas puntuales por regiones, provincias, ciudades, donde no circule COVID-19; ahí podrán regresar paulatinamente a la actividad casi normal. Pero lo que se terminó al menos este año, es la libertad y la globalización, admiten en el Gobierno.
