Alberto Fernández regresó de Estados Unidos y define como sigue la coalición de gobierno, tras la polémica salida de Matías Kulfas y los cruces con Cristina Kirchner. El rol de Sergio Massa.
Aunque Alberto Fernández confirmó a A24.com antes de viajar a Los Angeles, que "no" habrá más cambios de gabinete ni una reestructuración del mismo. Los rumores sobre las conversaciones que mantuvo con Sergio Massa en Estados Unidos, a quien llevó a casi todas las reuniones bilaterales y con empresarios, volvieron a traer dudas en los pasillos de la Casa Rosada sobre el rumbo del Gobierno.
En ese marco, a su regreso de la Cumbre de las Américas, el presidente se concentra en resolver el conflicto pendiente que lo obligó a pedirle la renuncia a su ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y tomar una decisión sobre cómo sigue la coalición de gobierno en cuanto a la relación de fuerzas en el gabinete, bajo las presiones de la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados que impulsan más cambios de ministros.
Al regresar de la Cumbre de las Américas, a Alberto Fernández le espera tomar decisiones para resolver la interna:
El presidente está en la encrucijada entre cambiar la estructura del gabinete para relanzar al gobierno, con otro sistema en la toma de decisiones con una nueva distribución de cargos, como le plantean Cristina Kirchner y Sergio Massa, o seguir gobernando solo con su círculo más cercano y funcionarios que se alinean al plan económico del ministro Martín Guzmán, que además de la vicepresidenta, ya recibe críticas del tercer socio del Frente de Todos.
Con su participación en la Cumbre de las Américas y un discurso crítico a Joe Biden reclamando la unidad latinoamericana, Alberto Fernández quiso dar por terminada la crisis interna agravado por la intempestiva salida de Matías Kulfas, que se le fue de las manos y terminó en una causa judicial.
La desmentida del ex ministro este viernes ante el juez y fiscal sobre presuntas sospechas de corrupción contra funcionarios que responden a la vicepresidenta, va en ese sentido. En la Rosada insisten en que las declaraciones de Kulfas en "off" fueron un error cometido por el ex ministro, que se fue enojado por las críticas de Cristina.
Ahora, hay que ver qué dice y hace la Justicia sobre la polémica desatada sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y la relación con Techint, una de las empresas beneficiadas.
El lunes el presidente retoma la actividad en Casa Rosada, con el acto de jura de Daniel Scioli, aceptado como el nuevo ministro de Desarrollo Productivo por Cristina pero rechazado en principio por Massa. Alberto también se mostrará junto a su nuevo alfil político que llegó para cuidarle las espaldas, el nuevo titular de la AFI, Agustín Rossi.
Mientras Alberto Fernández y Massa debatían el rumbo del gobierno en el viaje a Estados Unidos, Cristina Kirchner quedó a cargo del Poder Ejecutivo toda la semana pero respetó el acuerdo de no tomar decisiones en ausencia del presidente, por lo que fue el jefe de gabinete, Juan Manzur, quien centralizó la actividad y la custodia de la Casa Rosada.
Manzur y Rossi marcaron la agenda y ratificaron que el presidente echó a Kulfas porque privilegió la unidad con la Vice, más allá de las diferencias.
"No hay 2023 con un peronismo dividido", dijo Rossi como nuevo hombre fuerte del gobierno que salió a defender la decisión de Alberto Fernández de echar a Kulfas para mantener la unidad con el kirchnerismo.
Rossi felicitó a los legisladores del Frente de Todos por sus argumentos en contra de la boleta única como nuevo sistema electoral, tras la sesión del miércoles que marcó una nueva derrota para el oficialismo en Diputados frente a la oposición que mostró su capacidad de conseguir quórum y dar media sanción a un proyecto que será paralizado por el oficialismo en el Senado, donde Cristina conserva la mayoría.
Precios e inflación volvieron a estar en el centro de las protestas sociales esta semana, con el gobierno intentando relativizar la crisis y denunciando a los movimientos piqueteros de izquierda de generar movilizaciones en el marco de un plan político para desestabilizarlo. Desde Desarrollo Social resaltaban la batería de medidas para mejorar los ingresos de planes sociales y salarios que pierden ante la inflación.
El gobierno envió al Congreso el demorado proyecto de Guzmán para recaudar sobre la "renta inesperada" de las empresas beneficiadas por los aumentos de commodities por la guerra en Ucrania, para financiar los subsidios y aumentos en los bonos a los sectores más carenciados, y espera darle sanción definitiva esta semana al proyecto para aliviar a los monotributistas presentado por Massa.
Mientras tanto, el nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hang, ratificó que siguen vigentes los precios cuidados -aunque no se cumplen y hay desabastecimiento de muchos de los productos en las góndolas-, hasta el 7 de julio.
La inflación de mayo será superior al 5 % y la anual superaría el 70%, reconocen en el Ministerio de Economía.
También desde la gestión de YPF salieron a tapar baches ante el desabastecimiento de gasoil en el interior, con medidas de aumento especial y controles policiales fronterizos para frenar la salida de combustible por países limítrofes, pero en el conurbano empresas de colectivos de línea ya denuncian problemas de suministro por lo que la escasez no afecta solo a los productores del interior.
Ante la inflación, la estrategia central del gobierno fue concentrar las críticas contra los empresarios que remarcan, apoyados en marchas piqueteras y realineamiento de la CGT, que sacó un comunicado repudiando los dichos del supermercadista Federico Braun, vinculado al ex jefe de gabinete Marcos Peña, blanco que logró unir a todo el oficialismo.
A las críticas de la vicepresidenta se sumaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Seguridad, Aníbal Fernández y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro.
Desde el moyanismo alineado a Máximo Kirchner, reclaman a la CGT convocar a una marcha de protesta contra los empresarios alimenticios que especulan con los precios, mientras que el sector que lideran los denominados "gordos" se limitaron a sacar un comunicado reclamando "responsabilidad de los empresarios".
Luego de conseguir la aprobación de la primera revisión del FMI, Guzmán analiza ahora cómo ampliar las partidas presupuestarias previstas para los programas sociales para mantener su ritmo de aumento.
En otras palabras, el Gobierno deberá definir nuevos refuerzos para los programas sociales, especialmente aquellos que se consumieron en los primeros meses del año prácticamente todo el monto previsto en el cálculo del Presupuesto nacional.
La coalición de Gobierno busca así encontrar equilibrios difíciles de sostener en el marco de una crisis económica que amenaza con espiralizarse pero que consiguió un nuevo apoyo de las potencias mundiales que se expresó el jueves en la aprobación de la primera revisión del FMI al plan de Guzmán pero que hace sonar más alarmas sobre cómo evolucionará la crisis en el segundo semestre.
