Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense. (Télam)
Luego de que las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron valladas por la Policía de la Ciudad a los fines de "recuperar la tranquilidad" en el barrio de Recoleta, el ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, apuntó contra el Gobierno porteño y dijo que "tienen sitiada" a la exmandataria.
"Esto es anticonstitucional. Hay 35 carros de asalto. Esto representa una violación de la Constitución nacional", dijo Larroque en declaraciones a la cadena de noticias C5N, detrás de los vallados dispuestos, a donde llegó para intentar acercarse al domicilio de la Vicepresidenta.
Larroque dijo que pudo hablar con ella y que "está sorprendida" por el despliegue de seguridad. "Esto es un escalón más en una serie de hechos que la tienen como centro de los ataques pero en realidad es contra el pueblo argentino. Es una provocación más. Decidieron sitiar a la Vicepresidenta", afirmó.
Según se informó oficialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un vallado perimetral en las calles Juncal entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay entre Montevideo y Arenales.
El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a "ser firme" para que el barrio porteño de Recoleta, donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "recupere la tranquilidad" tras la vigilia organizada desde el lunes último por militantes y organizaciones sociales frente al domicilio de la expresidenta.
"Vamos a ser firmes para que el barrio recupere la tranquilidad", dijo Miguel en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), luego de que esta mañana el Gobierno porteño dispusiera un vallado perimetral en las inmediaciones de la casa de Fernández de Kirchner, tras cinco días de vigilia por parte de la militancia, lo que generó fuertes críticas entre los dirigentes del Frente de Todos (FdT).
"El vallado va a estar el tiempo que sea necesario", precisó Miguel, quien señaló que el Gobierno porteño "tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y que no se altere la vida de los vecinos del barrio".
