La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que llevará adelante este martes un paro nacional con movilización al Congreso a partir de las 11, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.
La Asociación Trabajadores del Estado realizará una medida de fuerza desde las 11 con una marcha al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que llevará adelante este martes un paro nacional con movilización al Congreso a partir de las 11, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.
La medida incluirá una movilización hacia el Congreso y apunta a bloquear un proyecto que la dirigencia sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, afirmó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, durante una entrevista con radio Splendid.
Desde la conducción del gremio advirtieron que la iniciativa oficial afectará tanto la estabilidad del empleo público como los marcos de los convenios colectivos. Catalano sostuvo que aún se conocen pocos detalles del texto que debatirán los legisladores y cuestionó el alcance del borrador que circula: en su opinión, implicaría “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.
Aunque consideró que una “modernización laboral” podría ser discutida en otro contexto, remarcó que las condiciones actuales no permiten un debate de ampliación de derechos. También señaló la preocupación por posibles maniobras de precarización, como la exigencia de “renunciar para volver a contratarte”.
Catalano mencionó que “ayer salió un comunicado oficial” que confirmó el llamado a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Según planteó, el temario del Gobierno incorpora la reforma laboral y una reforma penal. En ese marco, expresó inquietud por versiones que sostienen que “podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.
Sobre el diálogo con otros espacios gremiales, explicó que el sindicalismo representado por Hugo Yasky y Hugo Godoy “ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”. No obstante, aclaró que las CTA mantendrán su propia agenda de protesta: “El día del tratamiento va a haber una par de movilizaciones, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”.
El paro de ATE se apoya en tres reclamos centrales: el rechazo al proyecto de reforma laboral, la reapertura de paritarias con una recomposición salarial urgente y la oposición al plan del Ejecutivo para reducir un 10% el personal de los organismos estatales.
Dentro del gremio denunciaron que existe “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”. A ese planteo se sumó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, quien en redes sociales aseguró: “La única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. Además, apuntó contra los gobernadores, a los cuales les atribuyó ser "cómplices primarios de la reforma laboral regresiva".
Para el dirigente gremial, los cambios promovidos por La Libertad Avanza en la Ley de Contrato de Trabajo no buscan “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino “quitar derechos”.
Aguiar señaló que quienes se desempeñan en la Administración Pública “nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”. El sindicato advirtió que la reforma avanza en un escenario de recesión, precarización y alto desempleo, y que sus efectos beneficiarían a “grandes empresas y multinacionales”, al habilitar despidos sin indemnización, la extensión de la jornada laboral y restricciones a la negociación colectiva.
En su pliego de demandas, ATE reclama un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta de trabajadores precarizados, la reincorporación de despedidos y la devolución de fondos a las provincias. Además, rechaza las privatizaciones, la venta de bienes del Estado y la armonización de las cajas previsionales, al tiempo que exige restituir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.
El documento que respalda la medida fue firmado por Aguiar y dirigentes como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas. Entre los organismos que podrían verse afectados por el recorte de personal, el gremio mencionó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.
ATE recordó que el mes pasado el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Aguiar por presuntas amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática, luego de declaraciones vinculadas a la resistencia sindical.
La última instancia de diálogo con el Gobierno ocurrió el 28 de noviembre, en una reunión virtual con los gremios estatales que terminó sin propuestas de mejora salarial. Aguiar sostuvo que experiencias similares aplicadas en la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron y remarcó que el mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina se dio entre 2002 y 2011/12, en momentos de doble indemnización obligatorio.
Por su parte, la CGT también manifestó rechazo a puntos del borrador impulsado por la Casa Rosada, que cuenta con apoyo del sector empresarial e introduce modificaciones en el régimen indemnizatorio, las vacaciones y la implementación del banco de horas para extender la jornada.
