El dirigente consideró que la decisión del presidente Javier Milei de vetar ambas leyes constituye un ataque directo contra los sectores más vulnerables y remarcó que el gremio no permanecerá en silencio.
“El Congreso debe rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, la agresión y la difamación del Gobierno, los estatales sabemos que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables”, dijo.
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El rol del Congreso en medio del conflicto
ATE también le apuntó directamente al Poder Legislativo. Según Aguiar, la responsabilidad ahora recae en los diputados y senadores, quienes deberán definir si acompañan la decisión del Ejecutivo o si hacen valer las leyes que ya habían sido votadas.
“Tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional. No podemos aceptar que el Ejecutivo se maneje con un autoritarismo creciente y desconozca normas emanadas del Congreso”, insistió el sindicalista.
Este planteo anticipa que el paro no será solo una medida de protesta gremial, sino también una forma de presión política hacia los legisladores.
Qué decía la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica
La primera de las normas vetadas por Milei era la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, que había sido votada con amplio consenso en el Congreso.
El texto incluía medidas clave para sostener el funcionamiento del sistema público:
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Recomposición salarial para médicos, enfermeros y personal sanitario.
Exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras, guardias y tareas adicionales del sector.
Refuerzo presupuestario para hospitales pediátricos, entre ellos el Hospital Garrahan.
Continuidad del sistema de residencias para garantizar la formación de nuevos profesionales de la salud.
El veto presidencial dejó sin efecto estos puntos, lo que desató un fuerte rechazo no solo de los gremios, sino también de asociaciones médicas, trabajadores hospitalarios y pacientes.
Ley de Financiamiento Universitario: el otro eje del conflicto
La segunda norma anulada por Milei fue la Ley de Financiamiento Universitario, que tenía como objetivo dar previsibilidad a las casas de estudio en un contexto de inflación creciente.
Entre sus principales artículos, establecía:
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Un aumento del presupuesto universitario de acuerdo con la inflación acumulada en los últimos dos años.
Actualizaciones bimestrales automáticas según el índice de precios.
Una recomposición salarial para docentes universitarios en base al IPC.