El decreto habilita la enajenación parcial o total del paquete estatal y actualiza más de 100 artículos para facilitar el ingreso de capital privado. El Ejecutivo justificó la medida por el "deterioro operativo" y la falta de inversión.
Avanza la privatización: el Gobierno habilitó cortes de agua por falta de pago en AySA
El gobierno de Javier Milei dio este martes un nuevo paso hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que autoriza la venta total o parcial de las acciones que el Estado posee en la compañía y modifica más de 100 artículos del marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida, que ya está vigente, fue firmada por el Presidente y todo su gabinete, y forma parte del proceso de desestatización anunciado el pasado viernes. El DNU fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene 10 días hábiles para emitir un dictamen que deberá tratarse luego en ambas cámaras.
La normativa permite por primera vez transferir las acciones que el Estado Nacional posee en AySA, actualmente el 90% del capital social, y deroga la cláusula del decreto 304/2006 que prohibía su venta.
Además, modifica profundamente el régimen regulatorio del servicio, incluyendo la posibilidad de corte del suministro por mora, cambios en los deberes y atribuciones del operador, y otras condiciones que, según el Gobierno, buscan atraer inversión privada y mejorar la eficiencia.
“Este marco fue concebido para una empresa estatal y no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones”, argumenta el texto oficial. Según el Ejecutivo, la nueva estructura busca “garantizar la continuidad del servicio” y “mejorar la cobertura y sostenibilidad” en un contexto de crisis económica.
En los considerandos, el Gobierno señaló que entre 2006 y 2023 el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares a AySA, y que pese a esos fondos, la empresa sufrió deterioro operativo, baja productividad y aumento de costos.
Por eso, la administración Milei considera “indispensable adoptar medidas inmediatas y eficaces” que permitan atraer capital privado y asegurar mejoras en el servicio sin depender exclusivamente de fondos públicos.
AySA fue incluida en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley Bases, sancionada en julio de 2024. Comparte ese listado con otras compañías como YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Trenes Argentinos.
La intención del Gobierno es licitar públicamente la concesión del servicio, entregar al menos el 51% del paquete accionario a un nuevo operador, y dejar disponible el 39% restante para el mismo grupo o para cotizarlo en bolsa.
El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la gestión busca recaudar unos 500 millones de dólares en esta operación, en base al valor que se pagó en un juicio por la reestatización de las acciones.
Se espera que la convocatoria a interesados se lance a fines de 2025 y que la adjudicación del control accionario se realice a mediados del primer semestre de 2026.
