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POLÍTICA

Adelanto | La Corte aceptaría el planteo de la Ciudad por la coparticipación y Alberto apura un nuevo pacto fiscal para complicar los planes de Larreta

Adelanto | La Corte aceptaría el planteo de la Ciudad por la coparticipación y Alberto apura un nuevo pacto fiscal para complicar los planes de Larreta
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta (Foto: archivo).

Pese a que soplan vientos de optimismo para el Gobierno, Alberto Fernández se prepara para una nueva pelea con la Ciudad de Buenos Aires por los recursos de coparticipación. La Corte Suprema podría darle la razón al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su recurso de amparo contra la quita de coparticipación que le impuso la Casa Rosada. El Presidente se quiso adelantar y les propuso a los gobernadores un nuevo Pacto Fiscal por el cual deberían desistir de sus demandas judiciales a la Nación.

Según pudo saber A24.com, Rodríguez Larreta considera que ese borrador de Consenso Fiscal 2020, que ya circula entre los 24 gobernadores, tiene nombre y apellido: Ciudad de Buenos Aires.

Plantea también que los traslados de competencias de la Nación a las provincias deberían ir acompañadas de los recursos pero ser financiadas por el Tesoro Nacional y no aumentar el porcentaje de coparticipación de los distritos.

"Estamos trabajando. La idea es tener un acuerdo que sea consenso de verdad sin imposiciones, con mucho diálogo", dijo a A24.com un funcionario encumbrado del Ministerio del Interior que dirige Eduardo 'Wado' De Pedro. Pero el texto original es duro con CABA.

Mientras tanto, Alberto Fernández define la fecha del primer cambio de gabinete. La ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, está próxima a su salida, según confiaron altas fuentes del equipo albertista. Un nombre que suena como reemplazante es el del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un militante del kirchnerismo duro. Sería una concesión, otra más, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Como segundo iría el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti. El Presidente busca una alianza con los intendentes bonaerenses. Caja y obras para todos.

Mientras continúa la guerra de guerrillas entre albertistas y cristinistas por el nombramiento del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, el Presidente también quiere marcar la cancha con los recursos a la Ciudad; es decir al principal candidato presidencial de Juntos por el Cambio para 2023, Rodríguez Larreta. En eso, hay consenso con Cristina.

Los nuevos vientos de optimismo en la Casa Rosada obedecen a que la llegada posible en diciembre de 10 millones de vacunas Sputnik V (rusa), 750 mil de Pfizer (EE.UU.) y el acuerdo de otros millones de dosis de AstraZéneca (Reino Unido), más la de China, auguran el final de la pandemia para 2021 y con ello la reactivación de la economía para fines del año próximo.

De todos modos, el ajuste fiscal que exigirá el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo, cuyas negociaciones comienzan hoy, será muy duro. En el Gobierno aseguran que la meta es bajar el 4,5% de déficit fiscal sobre el PBI previsto en el Presupuesto 2021 y llevarlo a 3,5 o 4%.

Tal como anticipó A24.com hace tres semanas, el ajuste pasará por una nueva fórmula previsional por ley, que ajustará los haberes jubilatorios en base a un cálculo que combinará el índice de aumento de salarios y de la recaudación. Ello implicaría un menor índice de aumento para la clase pasiva y por lo tanto un ahorro fiscal. Además, se prevé acotar al máximo los gastos del Covid, como las ayudas sociales por el IFE, el ATP y todos los subsidios sociales. Al mismo tiempo se prevén recortes en subsidios en el gas, la energía eléctrica y el transporte con tarifas sociales.

El gran interrogante consiste en saber si ese ajuste será asumido por el kirchnerismo o si será materia de nuevas peleas internas en la coalición del gobierno, el Frente de Todos. Final abierto.

Según pudo saber A24.com, la Ciudad considera que aquel borrador del nuevo Consenso Fiscal 2020 es "inaceptable, innegociable". La Casa Rosada tentó a los gobernadores con una zanahoria: suspender la baja paulatina del impuesto a los Ingresos Brutos prevista en el "Consenso Fiscal 2017" que regiría para 2020 y 2021, con lo cual las provincias podrían mantener la actual recaudación y no perderían recursos en tiempos de recesión.

Pero al mismo tiempo las provincias se comprometerían a no tomar deuda en dólares en forma indefinida y deberían desistir de juicios al Estado ya iniciados por causas de coparticipación federal por dos años. El punto C del borrador dice:

  • "Abstenerse por un período de dos (2) años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso".

La Ciudad no puede aceptar este punto que lleva casi nombre y apellido de Rodríguez Larreta. Espera que la Corte Suprema le dé en pocas semanas la razón a al menos una gran parte de su reclamo contra el decreto 735 por el cual Alberto Fernández le quitó 1,1% de la coparticipación anual, es decir unos 36.000 millones de pesos.

Además, ese amparo podría extenderse a el proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados (con media sanción en el Senado), por el cual la Nación se queda con otro 0,9% restante unos 28.000 millones y se los gira desde el Tesoro a CABA.

En cuanto a los impedimentos para endeudarse, también la Ciudad considera que sería el distrito más afectado: la mayoría de las provincias no están en condiciones de endeudarse y la Ciudad es la única que puede hacerlo porque no defaulteó y es solvente. La deuda es la herramienta de Larreta para hacer obras y ese es un requisito central para su campaña presidencial de 2023.

El otro ítem del pacto fiscal consiste en regular las transferencias de competencias de la Nación a las provincias con los recursos, pero con financiamiento del Tesoro Nacional y no engrosando la coparticipación de los distritos, como fija el proyecto de ley que se trata en Diputados. Otro cañonazo para la Ciudad. Es una manera de mantener el manejo de la billetera en la Nación.

Por otra parte, se abrió una pelea por la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones de 2021. Es una jugada del gobierno nacional. Según confiaron fuentes provinciales a A24.com, el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a algunos gobernadores que salgan a pedir la eliminación de las primarias con el pretexto de la crisis sanitaria y de la debacle económica. De ese modo, la Casa Rosada se mostró comprensivo con el reclamo "ajeno" y el ministro De Pedro le dio luz verde al Congreso para que comience a debatirlo. En Interior admiten que es un debate muy embrionario y que es un "globo de ensayo", aunque niegan que sea intención del Gobierno.

Las PASO fueron una idea de Cristina en 2009. Pero ahora un sector del Gobierno considera que son inconvenientes porque en agosto todavía no estará resuelta la crisis económica y recién se estará en proceso de vacunación a la población. En cambio, en octubre tomaría al oficialismo mejor parado y bien posicionado para ir a las urnas. Además, las PASO son una oportunidad para que Juntos por el Cambio unifique listas con otros partidos.

"Son demasiado optimistas, pero es el escenario que ven ellos. Pero más allá de eso, la primera mitad del año 2021 los va a agarrar mal parados y no les conviene atravesar un proceso electoral en esas condiciones", dijo un allegado a un gobernador.

Las sospechas que existen en Cambiemos radican en que La Cámpora, es decir De Pedro, quiere las PASO para poder poner listas camporistas en los municipios y en las provincias donde candidatos cristinistas podrían competir por el territorio. De lo contrario, las listas las armarían los intendentes o los gobernadores.

Está en juego las sucesión de 2023.

Alberto alentó a los intendentes a buscar sus reelecciones aunque una ley sancionada por María Eugenia Vidal, en acuerdo con Sergio Massa, les pone un tope en 2023. Muchos sospechan que los camporistas también quieren mantener el tope para poder posicionar a candidatos a intendentes de La Cámpora. Otra vez, una disputa de poder y territorio entre albertistas y cristinistas. "Nosotros no votamos la ley de Vidal y Massa, por lo tanto no queremos el tope", se atajan los hombres de La Cámpora. Niegan que haya una pelea sobre ese punto.

En ese contexto, Juntos por el Cambio quiere contraatacar. En lugar de suspender las PASO por el Covid y por los recursos que se gastan, dicen, el Gobierno debería instrumentar el sistema de boleta única de papel (BUP), que garantiza menor manipulación de papel, evita riesgos sanitarios, ahorraría unos 3000 millones de pesos en impresión de boletas para los partidos y garantizaría la oferta electoral para todos los votantes.

por Mariano Obarrio
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