Cabe recordar que la reforma laboral ya se encontraba en el megaDNU de Milei; pero ese capítulo está frenado en la Justicia.
Mientras tanto, en la mesa chica del presidente analizan y varios proyectos de ley para intentar salvar -en proyectos separados- los puntos más importantes de la caída "ley Bases para la Libertad". Creen que negociandolo por separado podrán conseguir votos de los gobernadores dialoguistas.
Reforma laboral y reforma impositiva serán la moneda de cambio de Milei con Gobernadores
La reforma laboral y la reforma impositiva integral, son algunos de los temas que la Casa Rosada pide como moneda de cambio a los gobernadores para retomar el diálogo sobre la coparticipación de nuevos impuestos, como la restitución de Ganancias a los trabajadores.
Si no se llega a un acuerdo para sancionar una nueva ley de reforma laboral, Milei ya analiza insistir con la reforma que considera fundamental para su plan económico, por un nuevo DNU separado del actual y con algunas modificaciones que están redactando entre otros, el creador del proyecto y asesor externo, Federico Sturzenegger.
En la Secretaría Legal y Técnica aportan las alternativas legales, a pedido del equipo que trabaja en el paquete de DNU o leyes separadas, que Milei podría enviar después de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo.
Si como hasta ahora, no consigue apoyo político de la oposición, el presidente tiene decidido gobernar por decreto.
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De eso hablaron el martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, con 4 gobernadores del norte, entre ellos los de Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Comieron asado, empanadas salteñas y quesillo de postre. Pero no lograron ponerse de acuerdo "respecto a ningún eje", dijo un funcionario al tanto de la reunión. De todos modos, el diálogo continúa abierto.
El ministro fue el encargado de retomar el diálogo que se había cortado con los gobernadores dialoguistas, tras las acusaciones de Milei, que acusó a los gobernadores y legisladores de "delincuentes, ladrones y corruptos" y de pedir "coimas" para apoyar las reformas.
El gobierno demora el tratamiento del DNU en la comisión bicameral y lo defenderá ante la Corte Suprema
Tras casi dos meses de polémica entre libertarios y kirchneristas por el número de cargos que le correspondía a cada bloque, la integración de la conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado.
La polémica rondaba en torno a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular de Diputados, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.
La primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo, ya que el oficialismo quiere tratar primero los DNU del anterior Gobierno del Frente de Todos (FdT), mientras que UxP buscará acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023 de la actual administración.
Menem cuestionó a los bloques que ahora "tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019".
En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión "va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha".
La Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados.
De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.
La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.
Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.
Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con la mitad más uno de sus integrantes.
A esa alternativa se juega ahora Martín Menem en Diputados y la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. Demorar el tratamiento mientras la Corte define la constitucionalidad y legalidad del DNU 70/23 que ya se encuentra vigente con excepción de los artículos frenados por amparos judiciales en primera instancia.
En tanto, el oficialismo intenta frenar la posibilidad de que la oposición peronista con los gobernadores enojados, se junten para rechazar en ambas Cámaras del Congreso el decreto, lo que implicaría su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", establece uno de los artículos de la ley 26.122.