Mientras apuesta a la reestructuración de la deuda y a tener resultados en la reactivación de la economía, el presidente Alberto Fernández desplegó una batería de batallas que le sirven para acumular legitimidad en su frente interno, cerrar filas con el kirchnerismo, y buscar victorias políticas que disimulen la demora del despegue económico.
La advertencia a los empresarios para que dejen de aumentar los precios podría terminar en una apertura más o menos amplia de las importaciones. “Es una medida que se analiza”, revelaron ayer fuentes gubernamentales a A24.com.
También podría echar mano de las ley de góndolas (aún no reglamentada), de defensa de la competencia, de defensa del consumidor o la ley de abastecimiento.
También desplegó otras batallas épicas contra el Poder Judicial, contra los agentes de inteligencia, contra los que fugaron divisas y le aplicó la suba de retenciones a la soja, lo cual abrió el primer paro de la Mesa de Enlace por cuatro días.
Todas esas iniciativas son un homenaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner, señales con las cuales cierran filas ambos sectores del Frente de Todos.
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados siguen su curso bajo una calma razonable. La acumulación de frentes de tormenta abiertos tiene el sello de la expresidenta, pero también del expresidente Néstor Kirchner, de quien Alberto dice haber aprendido mucho.
El líder del kirchnerismo comenzó su mandato en 2003 con limitaciones políticas pese a que el PBI crecía al 6%. Su triunfo por solo el 22% de los votos lo llevó a Kirchner a elegir enemigos para acumular capital político: los militares, la Iglesia, los empresarios y las privatizadas. Más tarde, se enfrentó a la prensa y al campo.
En la Casa Rosada confiaron a A24.com que el Presidente “está muy enojado” con las empresas de alimentos, especialmente con los sectores del azúcar, lácteos y alimentos de primera necesidad.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa del domingo último, los llamó “los vivos”. Considera que aumentan los precios en forma especulativa, por expectativas y sin razones de fondo, pese a que hubo congelamiento de tarifas, combustibles y un horizonte salarial calmo.
“El Presidente dijo que están todas las herramientas sobre la mesa. También se puede abrir la importación o trabajar con la ley de defensa del consumidor o de la competencia”, dijo a A24.com un funcionario con llegada directa a Fernández y buen trato con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En el kirchnerismo aplauden.
En la Casa Rosada, además, confirmaron que el Banco Central tiene en carpeta una investigación, de publicación inminente, contra los que “permitieron y fugaron divisas”. Quieren que se sepa quiénes se beneficiaron y quiénes lo dispusieron. Quiere un “Nunca más”, que evoca a los tiempos de la dictadura. Son, según él, los culpables de la “tierra arrasada”. Esa fue precisamente una promesa de Cristina Kirchner durante la campaña electoral de 2019.
En ese contexto, ayer se conoció el DNU para terminar con “los espías de los sótanos de la democracia”. La AFI no podrá ser más auxiliar de la Justicia, aunque podrá investigar hasta entregarle sus informes y sus análisis a los jueces competentes. No más que eso.
La batalla contra los jueces federales, que pasarían de 12 a 50, tuvo un capítulo exitoso con la liberación del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que al salir de su prisión domiciliaria por la causa de Río Turbio habló como si hubiera sido sobreseído de todos sus procesos penales. Pero en realidad, tiene una decena de procesamientos con juicios orales en espera. Y tiene una condena en la causa por la tragedia de Once que en el corto o mediano plazo deberá resolver la Sala III de la Cámara de Casación Penal.
Si este cuerpo ratificara la condena y luego rechazara un recurso extraordinario, el ex ministro podría volver a su detención con una condena firme, no ya con una prisión preventiva. La agenda legislativa del Gobierno es así: la semana próxima el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto irrestricto y otro de protección a la mujer con embarazo vulnerable.
La otra semana, quizás, remitirá el proyecto de ley de reforma judicial que se discute internamente y que buscaría ampliar el fuero federal con los actuales juzgados del fuero penal ordinario de la Ciudad y quizás los del fuero penal económico. Así los actuales 12 juzgados federales, cuestionados por el Gobierno, pasarían a ser 50 juzgados federales con más competencias.
Ese es el proyecto antiguo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que responde al Presidente. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quiere dejar todo como está y hacer reformas puntuales sobre los actuales jueces. Todavía la cuestión se debate en el seno del Gobierno.
La batalla del peronismo kirchnerista sobre los jueces tiene nombres propios. En Comodoro Py, cuyas facultades quiere recortar Alberto Fernández, aseguran que llegó la información desde la Casa Rosada que los blancos de la batalla son los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio (fallecido hace un mes); los camaristas Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; y los fiscales Carlos Stornelli, Raúl Plee y Gerardo Policitta.
Con la liberación de De Vido, aún quedan presos los ex funcionarios kirchneristas Juan Pablo Schiavi, Luis D’Elía, Amado Boudou y Ricardo Jaime. La diferencia es que tienen condena firme. La estrategia, de todos modos, consiste en mostrar triunfalismo, un cambio de época.
Los ataques de De Vido y Cristina Kirchner a los jueces y a la Corte Suprema tienen por objetivo seguir construyendo el relato del lawfare, según interpretan importantes funcionarios judiciales. Causó sorpresa en los tribunales, de todos modos, que la Oficina Anticorrupción, la UIF y la AFIP no hayan desistido de ser querellantes.
Hace 15 días, la AFIP pidió 8 años de prisión para el ex empresario Lázaro Báez, acusado de ser el jefe de una banda dedicada al lavado de dinero, y anteayer la UIF pidió otros nueve años para él y otros acusados.
Entre los jueces y fiscales existe la sensación de que Lázaro Báez ya no puede hablar porque no le conviene, sus causas están elevadas a juicio y le pasó el tiempo.
El lawfare sumó ayer otro detractor: el Partido Justicialista. El Senado aprobará la reforma de las jubilaciones especiales de los jueces y está por verse si le da curso al pedido de intervención al Poder Judicial en Jujuy. Todo el oficialismo, en pleno, salió en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y de los funcionarios del kirchnerismo. Una vez más, el peronismo abroquelado en defensa propia.
