El Gobierno presentará un recurso extraordinario en rechazo al fallo de la Cámara de Apelaciones que ratificó la vigencia de la ley que garantiza el financiamiento a universidades nacionales.
El Ministerio de Capital Humano presentará un recurso extraordinario ante la Corte para evitar cumplir la ley de financiamiento universitario. Foto: Archivo.
El Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que obliga al Poder Ejecutivo Nacional cumplir y ejecutar las partidas presupuestarias establecidas por la ley de Financiamiento Universitario, sancionada el año pasado por la oposición en el Congreso y que el Gobierno rechazó por considerar que rompe el equilibrio fiscal, base del plan económico libertario.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso y ante esa decisión, los equipos técnicos de la Casa Rosada planean presentar un recurso extraordinario federal.
Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, el Ministerio de Capital humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, será el encargado de presentar el "recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia", el mecanismo decidido por los equipos legales y técnicos de la Casa Rosada para evitar cumplir con el aumento de partidas presupuestarias que demandan las universidades nacionales y docentes.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Educación y Economía, seguirán cubriendo transferencias mínimas mensuales que obliga la ejecución de los gastos, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del presupuesto.
La decisión se conoció este martes por la tarde, luego del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que resolvió a favor del reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que declaró la "emergencia en las universidades" por falta de recursos.
Al mismo tiempo los docentes y estudiantes universitarios convocaron a paros nacionales y clases públicas en la puerta de la casa particular del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras protestas.
La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada por el CIN y ordenó recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles.
De esta manera, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al reclamo del CIN, que denunció que en los dos primeros años de gestión de Javier Milei se redujo un 45,6 % las transferencias de fondos a las universidades que están al borde de no poder funcionar y que la falta de actualización salarial a los docentes tuvo una caída equivalente a 7,3 meses de salarios.
Después de dos años de marchas multitudinarias en rechazo al ajuste en el gasto educativo que impulsó el gobierno en el Presupuesto nacional, la perdida de apoyo de aliados que terminaron votando la ley de financiamiento universitario, el veto de Javier Milei y la ratificación del Congreso, ahora la Casa Rosada buscará elevar el conflicto con las universidades a la Corte.
La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo llega antes de que el Gobierno presentara un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la ley votada el año pasado por la oposición, con el objetivo de alinearla al ajuste planificado por el Ministerio de Economía de Luis Toto Caputo.
La apelación ante la Corte es en rechazo al fallo de primera instancia del pasado 23 de diciembre en el que El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 suspendió el decreto del Gobierno que había dejado sin efecto la ley de financiamiento universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la norma.
La justicia de primera instancia y la Cámara rechazaron los argumentos del gobierno que supeditaba el cumplimiento de la ley a la existencia de fondos y al cumplimiento de la ley de administración financiera.
Según el juez, ese argumento no puede prevalecer sobre un mandato constitucional expreso como es el que establece artículo 14 de la Constitución Nacional.
El fallo advirtió que el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo, esto es, una afectación del derecho a enseñar y aprender. En contraposición, señaló que la no concesión de la cautelar implicaría un ahorro "poco significativo" porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional.
