El Ejecutivo presentó un recurso extraordiario ante el máximo tribunal para evitar el cumplimiento de la orden que lo obliga a transferir 2,5 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de las universidades.
El Gbierno insiste con que "no hay plata" para cumplir la ley de financiamiento universitario (Foto: archivo).
Mientras siguen las protestas en distintos puntos de la Ciudad y de casas de altos estudios en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, el Gobierno presentó este viernes un recurso extraordinario o per saltum ante la Corte Suprema de justicia. El objetivo de la Casa Rosada es que la Corte deje sin efecto la aplicación de la ley de financiamiento universitario porque "no está definida la partida en el presupuesto" y dice que "es imposible de cumplir".
La Procuración General del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, fue la encargada de presentar el recurso ante la Corte. Es la segunda apelación extraordinaria salteando la justicia ordinaria para agilizar la definición, dijeron fuentes oficiales a A24.com.
En el Gobierno reiteran que "no hay plata" para cumplir la orden judicial que obliga desde este viernes al Poder Ejecutivo a transferir los 2,5 billones de pesos que establece la norma para garantizar el funcionamiento de las universidades, lo que incluye el pago de sueldos docentes y no docentes, servicios sociales y de salud, entre otros ítems.
La ley de financiamiento universitario (27.795) fue sancionada el 21 de agosto de 2025 por mayoría de la oposición y en medio de masivas marchas en defensa de la universidad pública.
Entre sus principales puntos, la ley establece una recomposición salarial de docentes y no docentes que deberán actualizarse retroactivamente según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Además, agrega una cláusula de ajuste mensual automática por índice de inflación del INDEC (IPC).
La ley busca garantizar la operatividad de las facultades y ordena la actualización de los gastos de funcionamiento, como son los servicios de luz, agua, gas, y mantenimientos varios, de acuerdo con la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales.
Además, ordena la continuidad de programas vinculados a becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios que son gratuitos para la población y sirven de prácticas para los futuros profesionales. La ley incorporó también la obligatoriedad de auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Pero desde que la norma se sancionó con el apoyo de los bloques aliados al Gobierno, que dieron su apoyo un año después de que el Congreso rechazara el veto del presidente Milei el año anterior, la Casa Rosada intentó frenar su aplicación.
Primero lo hizo mediante el Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución presupuestaria bajo el argumento de que la ley no especificaba de dónde saldrían las partidas y aduciendo que violaba otra norma, la de Administración Financiera.
La decisión del Ejecutivo derivó en otra serie de presentaciones judiciales del Consejo Nacional Interuniversitario, de los gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que denunciaron al Gobierno por "abandono presupuestario" y la violación de derechos básicos, como el acceso a la educación y la ciencia, consagrados en la Constitución Nacional.
La Casa Rosada respondió en sus diversas apelaciones, como que el Congreso no debe legislar sobre la política económica del Ejecutivo. Sin embargo, el 31 de marzo de este año ese argumento fue definitivamente rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que en su fallo ratificó la vigencia de la ley y fijó el plazo que vence hoy para su aplicación.
A su vez, el Ejecutivo preparó un nuevo proyecto de ley para modificar el sancionado en 2025 por la oposición, adecuándolo al presupuesto 2026, aunque el mismo todavía no consiguió el consenso para ser tratado en el Congreso. De ese modo, la ley sancionada por la oposición sigue vigente.
A partir de esto, el oficialismo prepara una nueva apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa a través de la Procuración General del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Mientras tanto, fuentes del Gobierno reiteraron que "la ley rompe el equilibrio fiscal".
En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá definir qué medidas presupuestarias toma para cumplir con la ley, o si insistirá en escudarse en la ley de Administración Financiera para no ejecutar las partidas.
