La investigación se originó luego de que la AFA no presentara en los plazos previstos el balance financiero del último ejercicio. En la IGJ sostienen que durante los últimos meses la organización entregó parte de la documentación requerida, aunque remarcan que aún no se completó la presentación del balance correspondiente a 2025.
En ese contexto, el organismo considera que la presencia de veedores permitirá verificar los datos faltantes y analizar el origen y destino de los recursos administrados por la asociación, incluidos los ingresos y egresos vinculados con las selecciones nacionales y distintos contratos comerciales.
La salida de Vítolo
En paralelo, el nuevo ministro inició una reorganización interna en su cartera y pidió la renuncia de varios titulares de organismos bajo su órbita, entre ellos el responsable de la IGJ, Daniel Vítolo, y autoridades de otras áreas de control administrativo, como la Unidad de Información Financiera (UIF).
La salida de Vítolo se produjo mientras avanzaba la disputa administrativa entre el Gobierno y la conducción de la AFA. El exinspector general había impulsado el pedido para que se habilitara la presencia de veedores dentro de la institución.
La entidad del fútbol argentino rechazó esa posibilidad y sostuvo en un comunicado que no aceptará una veeduría que considera “ilegítima”, al afirmar que se basa en hechos “falsos o tergiversados” y responde a una finalidad política ajena a la ley.