El Ministerio de Capital Humano acusó a los gremios del transporte de incumplir la conciliación obligatoria durante el paro general del 19 de febrero.
El Gobierno inició sumarios contra la UTA y La Fraternidad por adherirse al paro general de la CGT.
El Ministerio de Capital Humano anunció este jueves el inicio de sumarios contra los sindicatos del transporte UTA y La Fraternidad por haber adherido al paro general convocado por la CGT el 19 de febrero. Desde el Gobierno sostienen que ambas organizaciones incumplieron la conciliación obligatoria vigente, lo que podría derivar en multas económicas de gran magnitud.
La medida fue comunicada oficialmente por la cartera que encabeza el área laboral y apunta contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y La Fraternidad, el gremio de los maquinistas ferroviarios.
Según explicó el Ministerio de Capital Humano, los gremios no podían realizar medidas de fuerza ese día porque se encontraban bajo conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero.
De acuerdo con el comunicado oficial, al adherirse al paro general de la CGT ambos sindicatos incumplieron la resolución laboral vigente, lo que habilitó la apertura de sumarios administrativos. El Gobierno sostuvo que estas acciones tienen “el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa”. }
Las multas previstas para este tipo de incumplimientos van del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la medida de fuerza. Dado el tamaño de los gremios involucrados y la cantidad de trabajadores del sector del transporte, las sanciones podrían alcanzar cifras millonarias.
El paro general del 19 de febrero fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se debatía ese día en la Cámara de Diputados.
Desde la central sindical aseguraron que la medida tuvo un acatamiento cercano al 90%, especialmente en el sector del transporte, donde colectivos y trenes se vieron afectados.
Ese mismo día, Manuel Adorni criticó la protesta y sostuvo que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.
Desde la UTA rechazaron la apertura de sumarios y denunciaron que la decisión del Gobierno responde a motivaciones políticas. El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, aseguró que no hubo incumplimiento de la conciliación obligatoria, ya que la medida se refería a un conflicto salarial específico y no al paro general convocado por la CGT.
“Quieren aplicar una sanción política porque no pensamos como ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó el dirigente sindical. Además, Caligari señaló que la huelga fue convocada por la CGT y no por la UTA, que simplemente decidió adherir a la protesta.
El dirigente se mostró confiado en que los sumarios no prosperarán, al considerar que el Gobierno tendría dificultades legales para sostener la acusación.
Por su parte, Omar Maturano, líder del sindicato ferroviario La Fraternidad, afirmó que el gremio aún no fue notificado formalmente sobre los sumarios. “Hay que esperar”, respondió el dirigente al ser consultado sobre el tema.
Maturano es uno de los dirigentes sindicales más críticos del gobierno de Javier Milei y ha participado en distintas movilizaciones contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Incluso, en declaraciones recientes, llegó a plantear la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado para frenar los cambios en la legislación laboral.
El enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios del transporte se da en medio del debate por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que incluye modificaciones en el régimen de huelga.
Entre los cambios propuestos figura una limitación del derecho a paro en actividades consideradas esenciales, que en algunos casos podría reducir la capacidad de protesta a un 25% de la actividad.
Este punto es uno de los más cuestionados por la CGT, que sostiene que la medida sería inconstitucional y anticipó que buscará impugnarla en la Justicia.
