El aval final deberá ser concedido por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Argentina había informado el inicio de sanciones jurídicas vinculadas a esas actividades.
El gobierno británico anunció que las nuevas licencias petroleras en Malvinas requerirán su autorización. (Foto: archivo)
El Gobierno del Reino Unido confirmó que las nuevas licencias para la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con la autorización final de Londres. El anuncio se da en medio de la disputa con la Argentina por el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur.
La confirmación fue realizada oficialmente ante el Parlamento británico el 1° de octubre, luego de una consulta formulada en la Cámara de los Lores. El Gobierno señaló que cualquier nueva licencia hidrocarburífera requiere el consentimiento del secretario de Estado británico competente, aunque evitó pronunciarse sobre permisos individuales.
La novedad se conoce mientras el Gobierno argentino intensifica las medidas administrativas, judiciales y diplomáticas contra las compañías vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas sin autorización nacional. Durante septiembre, la Casa Rosada informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas a esas actividades.
La respuesta oficial fue presentada por Lord Wood of Anfield, en representación del Foreign, Commonwealth and Development Office, ante una consulta sobre el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. Según explicó el funcionario, la administración de las islas mantiene las competencias vinculadas con el desarrollo de hidrocarburos y el marco regulatorio correspondiente, incluidos los controles ambientales y de seguridad.
Sin embargo, Londres aclaró un punto central: cualquier nueva licencia para explotar hidrocarburos necesita el consentimiento del secretario de Estado británico, de acuerdo con la legislación aplicada en las islas. El Gobierno británico volvió a sostener, además, su posición de que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como parte del principio de autodeterminación. Esa postura contrasta con la posición argentina sobre la disputa de soberanía.
La confirmación británica llega en momentos de creciente tensión por el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur. El Gobierno argentino inició en septiembre procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos por presuntas infracciones a la Ley 26.659, y días más tarde amplió las actuaciones a otros 15, de esta manera, las medidas alcanzaron a 60 personas humanas y jurídicas.
La legislación argentina establece restricciones para quienes desarrollen o participen de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales y contempla sanciones e inhabilitaciones. Además, el Ejecutivo presentó denuncias penales contra compañías vinculadas con actividades en la Cuenca Malvinas Norte y anunció nuevas acciones contra empresas, directivos, administradores y representantes involucrados.
A fines de septiembre, el Gobierno también instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de frenar el proyecto Sea Lion y el otorgamiento de nuevos permisos.
En el centro de la disputa se encuentra Sea Lion, el proyecto petrolero que avanza en la Cuenca Malvinas Norte. Rockhopper Exploration, una de las compañías involucradas, mantiene como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028. La empresa informó que la primera fase del proyecto fue aprobada y que continúa avanzando con su desarrollo.
La disputa también comenzó a tener consecuencias empresariales. El Gobierno argentino informó este jueves que Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales prestará servicios para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las islas.
La posición argentina sostiene que cualquier explotación de recursos en los espacios marítimos reclamados por el país requiere autorización de las autoridades nacionales, mientras el Reino Unido mantiene una posición diferente y respalda las facultades de la administración isleña sobre esos recursos.
