Se trata de la magistrada liberó a 114 detenidos por las fuerzas de Seguridad tras la marcha del miércoles. ¿De qué la acusa el Gobierno nacional?
El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos durante la marcha
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.
La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. El Ejecutivo acusa a la magistrada de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
"En mi carácter de Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales (FERNANDO OSCAR SOTO) y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, por orden expresa de la sra. Ministra, Dra. Patricia Bullrich, vengo a presentar denuncia penal contra la sra. Juez Karina Delgado, a cargo del Jugado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los delitos de Prevaricato, Omisión de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento, conforme lo previsto en los arts.248, 269 y 277 del Código Penal de la Nación", sostiene la denuncia presentada.
En la denuncia el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio mencionó la presencia de “grupos organizados de ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades deportivas como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes”, en la marcha de jubilados al Congreso, el miércoles pasado.
En la presentación se advirtió que “los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
Mencionaron que estos grupos “incendiaron objetos de la vía pública, una moto policial y un patrullero de las Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”. Sumado a lesiones a miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, sostuvieron que estos grupos “actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad".
Destacaron que “la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo ‘miguelito’ para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.
En tanto, remarcaron que “la organización de la movilización, destinada a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar ‘represión’, fueron ejecutados por grupos de 'Barras Brava', verdaderas asociaciones ilícitas que utilizan la violencia y la comisión de delitos para sostener sus ‘negocios’. La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional”.
